El juez da la razón a Aguirre en su pugna contra Gallardón por el control de Caja Madrid

La Justicia ha dado la razón a la presidente madrileña, Esperanza Aguirre, en la pugna que mantiene contra el alcade, Alberto Ruiz Gallardón, y el actual equipo directivo de Caja Madrid dirigido por Miguel Blesa en la pugna por el control de la entidad. Tras decidir el lunes la suspensión cautelarísima sin escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado hoy levantar su decisión contra la aprobación de los nuevos estatutos de Caja Madrid.

La normativa fue aprobada de forma unilateral por el Ejecutivo madrileño y reduce drásticamente la presencia del consistorio en la nueva Asamblea General de la caja, que procederá a la votación de los estatutos este lunes, tal y como estaba previsto. La sección novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal ha justificado su decisión "al haberse resuelto todas las cuestiones planteadas tras la comparecencia y audiencia de todas las partes" que tuvo lugar ayer . En cualquier caso, señala que en el plazo de cinco días se podrá presentar "recurso de súplica", aunque el equipo de Gobierno municipal ya ha renunciado a este extremo, según afirma Efe.

No obstante, desde el Consistorio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón sí han destacado que la decisión judicial "no entra en el fondo del asunto" y que el procedimiento judicial abierto contra la reducción de su presentación en los órganos de gobierno de la caja "sigue abierto".

En la vista pública de ayer, el Ayuntamiento había pedido la paralización inmediata de la reforma porque pierde 56 representantes en la nueva Asamblea General y considera que los cambios legales son inconstitucionales. Asimismo, el letrado de Caja Madrid se alineó con el Ayuntamiento con un duro alegato contra la decisión de Aguirre. "La situación de inestabilidad que se está creando en Caja Madrid puede provocar daños ante los mercados y es un perjuicio que afecta a su estabilidad, en un momento de crisis".

Por su parte, el Ejecutivo regional sostenía que impedir la celebración de la Asamblea iba " contra del interés general". También alegó que no hay urgencia en la medida porque después de la votación de la Asamblea queda un proceso dilatado hasta que culminen los cambios en el consejo de administración. "Hacer caso al Ayuntamiento provocaría perjuicios graves porque supone suspender una ley. Hay jurisprudencia en contra de esta medida", concluyó.