Gallardón lleva el conflicto contra Aguirre por el control de Caja Madrid a los tribunales
El Ayuntamiento autoriza un recurso contencioso administrativo por la reforma de estatutos de la Comunidad
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado una nueva vuelta de tuerca a su conflicto con el Gobierno autonómico en su pugna por el control de Caja Madrid y, tal y como adelantaron sus representantes en el consejo de la entidad durante su última reunión, ha autorizado la presentación ante los tribunales de un recurso contra el Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de la caja presidida por Miguel Blesa. Según el consistorio, la norma que fue aprobado por la Comunidad de Madrid reduce su representación en los órganos de gobierno de la entidad financiera.
Según ha dicho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento considera "lesivo" para los intereses de los madrileños y "contrario al artículo 2.3 de la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorro" la nueva representación de las corporaciones locales en los nuevos estatutos. Cobo ha afirmado que Madrid pasaría de 70 a 24 representantes y ha asegurado que detrás de este recurso "no hay ninguna otra cuestión ni enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino sólo "la defensa de los intereses de los madrileños".
El Gobierno de Madrid ha modificado siete artículos de los estatutos y 26 del reglamento electoral de la caja. Blesa comentó tras la reunión del consejo de gobierno del pasado día 6 que las modificaciones "son de contenido y profundidad" y lo normal sería que la Asamblea extraordinaria convocada para el 23 de marzo para votar los estatutos reformados rechazara la reforma. No obstante, el Gobierno regional podría aprobarlos por imperativo legal, pero no se ha hecho antes.
El consejo tiene 21 miembros. Los cuatro consejeros del PP por el Ayuntamiento, los cuatro de CC OO, uno del PSOE, uno de UGT, uno de IU, uno del Sindicato de Cuadros, uno independiente y el propio presidente, Miguel Blesa, criticaron la reforma con dureza. "Anticonstitucional", "ilegal", "no consensuado" "limitadores de las competencias de los impositores", fueron algunas de las calificaciones que dos tercios del consejo atribuyeron a la reforma de los estatutos que ha realizado la Comunidad. Los siete miembros del PP de Aguirre y tres de cuatro del PSOE no se manifestaron.
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