La vivienda, herramienta de integración

Cuando hablan de políticas de inmigración, las administraciones piensan en la sanidad, en la educación, en las condiciones laborales... pero ¿y la vivienda? Considerada por los expertos una cuestión clave en cualquier proceso de integración de inmigrantes, hasta ahora no se había tenido demasiado en cuenta. Y en cambio, los inmigrantes se ven excluidos del mercado de la vivienda, con todos los problemas que esta exclusión arrastra: formación de guetos, estigmatización de quienes viven en determinados barrios que la población local no quiere ni pisar y que atrapan a sus habitantes dificultándoles el ascensor social... Lo afirma un documento elaborado por el Observatorio Europeo de la Vivienda Social del CECODHAS, la red europea que agrupa a los promotores sociales de vivienda.

Los expertos abogan por políticas de abajo arriba, por el urbanismo al servicio de la convivencia y los pisos de alquiler

El informe, Integración de losinmigrantes en la Unión Europea y la vivienda social: herramientas para los promotores de vivienda social, aborda la cuestión desde un punto de vista teórico y describe un rosario de herramientas fallidas. Es decir, prácticas que no han funcionado en distintos países europeos. Y ahí está la sorpresa. El lector coge el informe pensando que contiene la solución a la integración de los inmigrantes y nada más lejos: no hay recetas.

"Es que ése es el problema. No hay recetas. Cuando se aborda la integración de inmigrantes desde el punto de vista de la vivienda hay que ver caso por caso. No se pueden diseñar políticas marco, depende de las características de cada grupo y del contexto", explica la coordinadora del estudio y directora del Observatorio Europeo de la Vivienda, Darinka Czischke.

El texto contiene, sin embargo, una durísima crítica al modo de actuar hasta ahora más extendido: "Las buenas prácticas de integración a través de la vivienda requieren una comunicación entre los políticos, los ejecutores de las políticas, los profesionales de vivienda social y los usuarios. El trabajo desde abajo arriba es esencial. Esto implica evitar enfoques paternalistas y la adopción de políticas supuestamente progresistas, pero que no tienen en cuenta los intereses de las familias inmigrantes". Por ejemplo, está más que demostrado, afirma la directora del observatorio, que intervenir en un barrio o una zona concreta es insuficiente. "Se puede pensar en políticas locales, pero que tengan en cuenta las circunstancias estructurales y a largo plazo; si no, la intervención se queda en un parche", asegura.

Pese al mensaje un tanto desalentador del informe y su coordinadora, se están desarrollando proyectos interesantes, como pudo escucharse durante el seminario que se celebró la pasada semana en Barcelona. Organizado por la AVS (la asociación española que agrupa a 160 promotores públicos de vivienda), congregó a entidades de vivienda social de toda la Unión Europea.

Ya fueran de Hungría, de Holanda, de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido o de la misma España, los participantes convinieron en varias cuestiones. Una: el liderazgo de la integración de inmigrantes debe ser público, aunque se cuente con entidades sociales o capital privado. Dos: es necesario entender la vivienda y el urbanismo "al servicio de la convivencia". Y tres: que buena parte la solución está en "la vivienda social de alquiler", una modalidad que tendrá que aumentar ante el fenómeno migratorio, dijo el presidente de la AVS, Francesc Villanueva.

Pero retomando la idea de que no hay receta definitiva, los representantes de dos países con un sector de vivienda social muy potente, el Reino Unido y Francia, expusieron que tampoco los pisos públicos son garantía de integración en sí mismos. Desde el área metropolitana de Londres intervino Ken Eliott, representante de Sadeh Lok, una entidad que hasta la fecha había trabajado con comunidades asiáticas pero actualmente se las ingenia para solucionar el alojamiento de los 265.000 polacos que han llegado al Reino Unido como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. "La falta de previsión del Gobierno ha sido brutal y nos encontramos con miles de polacos viviendo en camas calientes ?pagan por utilizar una cama unas horas al día? alrededor del aeropuerto de Heatrow. Ya teníamos la experiencia de la inmigración de las colonias, la diferencia es que entonces acudían a trabajar a las fábricas y ahora a los servicios", clamó Eliott, que lucha como puede para "sacarles de la trampa de pobreza que es el precio de la vivienda". En este caso forman a los inmigrantes, contactan con empresas para que les contraten y han ideado un sistema de alojamiento "similar al de los estudiantes".

Sensación de discriminación

La representante de la francesa Unión Sociale pour l'Habitat, Juliette Furet, entonó el mea culpa de la Administración francesa al reconocer la "discriminación" que suponen las grandes concentraciones de vivienda social, y que estos barrios o áreas urbanas provocan en los inmigrantes "sensación de discriminación al ver que viven en un lugar que los locales abandonan". Furet explicó que la legislación francesa prohíbe registrar el origen de los demandantes de servicios públicos, de modo que los inmigrantes ocupan viviendas sociales no por su condición de extranjeros sino por la de pobres.

La intervención de Furet abrió el debate sobre el tiempo de residencia en cada país que deben acreditar los inmigrantes para acceder a los registros de demandantes de viviendas sociales. Otro aspecto en el que no hay receta única y válida, aunque sí hubo unanimidad en que, en general, las propias condiciones de acceso son "demasiado restrictivas", en palabras del geógrafo austriaco Otto Heinrich Ludwig, cuando no directamente "discriminatorias", como son las cuotas de inmigrantes que pueden optar a viviendas sociales y que aplican los Países Bajos, Finlandia y Dinamarca.

Todo lo contrario que el proyecto Abitazione, de la entidad italiana Federcasa. Aquí, la involucración de los inmigrantes en su alojamiento llega hasta el punto de que levantan las viviendas con sus manos. Esta experiencia de autoconstrucción, explicó Antonio Cavaleri, ha permitido crear 400 viviendas en Roma, Milán y Bari, todas ellas de alquiler con opción a compra. La iniciativa se lleva a cabo con pequeñas ONG, y Cavaleri la defiende como "acción social activa y sin gasto en servicios públicos". Las viviendas, explicó, cuestan el 30% menos y tienen mejores calidades que cualquier otra, pública o privada; la vinculación y mantenimiento del parque es ejemplar y la morosidad o irregularidades de los adjudicatarios son nulas.