El juez llama a declarar en calidad de imputados a Fomento y las constructoras por el accidente mortal de la A-7

El juez que investiga el accidente de la autovía A-7, donde murieron seis trabajadores tras el desplome de una estructura metálica, ha llamado a declarar en calidad de imputados a responsables del Ministerio de Fomento y de las empresas encargadas de la ejecución de la obra por su presunta implicación en este siniestro laboral.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar (Granada), acuerda en un auto oír en declaración, por el Ministerio de Fomento, al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y al ingeniero director del proyecto de ejecución de obras del tramo de la autovía La Herradura-Taramay.

También establece que se tome declaración a representantes legales de la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -a la que se adjudicó la construcción del viaducto donde se produjo el siniestro-, a su jefe de obras y al coordinador de seguridad de la misma; y a los de la mercantil subcontratada Estructuras y Montajes de Prefabricados SL, al jefe de equipo, capataz y encargado de la empresa y al capataz de la obra.

En el auto, fechado el 3 de agosto de 2007, el magistrado señala, con respecto al promotor de la obra, el contratista principal y la subcontratista, que "procede (...) oír como imputados" a sus representantes legales, "que se consideren presuntamente responsables de no facilitar a los trabajadores todos los medios necesarios para desempeñar su actividad con las medidas de higiene adecuadas".

La resolución, contra la que cabía recurso de reforma en el plazo de tres días, precisa en sus fundamentos que, a tenor de lo analizado durante la instrucción y los informes recabados, el "colapso" de la estructura "tuvo como causas aspectos relacionados con los procesos de revisión y mantenimiento de la cimbra siniestrada".

A este respecto, el juez señala, como pone de manifiesto el Informe de la Inspección de Trabajo, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento, que "no consta que (se) haya llevado a cabo ningún tipo de control o seguimiento concreto sobre la revisión de la autocimbra".

Explica asimismo que el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la UTE a la que se le adjudicó el trabajo "no contiene mención alguna a las labores de revisión y mantenimiento" de la estructura siniestrada, por lo que, entre otras cuestiones, "puede concluirse que la empresa contratista no siguió un plan sistemático de control y seguimiento del estado de los equipos".

Se señala que tampoco consta que la mercantil a la que fueron subcontratados parte de los trabajos llevara a cabo "acciones de supervisión y control respecto de las operaciones de inspección o revisión de la autocimbra".

Podría haber sido peor

El magistrado, quien destaca la "complejidad" de la instrucción y que el accidente laboral "pudo aún ser de dimensiones más dramáticas" si en la zona hubiera habido más operarios, mantiene que la investigación ha permitido descartar "completamente" que el colapso de la cimbra estuviera causado por una avería eléctrica ocurrida poco antes del accidente".

El instructor concluye, "de forma provisional e indiciaria", que el aflojamiento y posterior rotura de un tornillo fue el que provocó la rotura de la cartera intermedia "sobre cuyas soldaduras no consta control o revisión alguna", lo que provocó a su vez el colapso de la cimbra y la muerte de los trabajadores que encontraban sobre ella.