La CNE recomienda al Gobierno reservarse el derecho de veto para algunas decisiones de Enel en Endesa
El regulador energético ha aconsejado al Ejecutivo que condicione la autorización a Enel sobre sus derechos políticos en Endesa a la implantación de un veto posterior a las decisiones en materias concretas que se tomen en el seno de Endesa, con objeto de proteger los intereses públicos españoles
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha recomendado al Gobierno que condicione la autorización solicitada por Enel para ejercer derechos políticos por encima del 3% en Endesa a la implantación de un derecho de veto que le permita proteger los intereses públicos españoles.
El Consejo de Administración de la CNE ha aprobado hoy el informe -no vinculante- solicitado por el Ministerio de Industria, que servirá de base al Consejo de Ministros para decidir si autoriza a la eléctrica italiana a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, según ha informado hoy el regulador energético.
La CNE también ha propuesto que se supedite la autorización a Enel a que la eléctrica italiana se comprometa a informar al regulador energético "cuando éste lo considere relevante para la seguridad pública de España". Asimismo, ha recomendado al Ejecutivo español reservarse un derecho de veto, que se ejercería después de algunas decisiones de Enel en el seno de la eléctrica española.
En concreto, la CNE entiende que el Ejecutivo debería condicionar la autorización a la implantación de "un derecho de veto ex-post" (a posteriori) que le permita proteger los intereses públicos españoles cuando "de forma suficientemente motivada y a la vista de la información recabada, éstos se pongan en riesgo por decisiones de Enel".
"Medidas adicionales"
El regulador subraya la conveniencia de que Enel promueva, a través del ejercicio de sus derechos en Endesa, políticas orientadas a atender "en primer lugar" las necesidades derivadas de los planes de inversión de Endesa. La CNE considera que el Consejo de Ministros debería establecer medidas adicionales condicionadas a posibles cambios en la participación de Enel que puedan modificar la estructura de control sobre Endesa.
La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", limita al 3% los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas. No obstante, el Gobierno puede levantar esa restricción teniendo en cuenta aspectos como el grado de liberalización del mercado italiano o la reciprocidad entre los dos países. Aunque el informe de la CNE no es vinculante, el Consejo de Ministros lo tendrá en cuenta al adoptar su decisión.
Por otro lado, el Consejo de la CNE decidió hoy pedir información adicional a la compañía estatal argelina Sonatrach antes de decidir si le autoriza a ampliar, del 20 al 36%, su participación en el consorcio Medgaz, que construirá un gasoducto submarino entre Argelia y España.
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