Los sindicatos califican la sentencia de "aviso para navegantes" y piden reformas con diálogo social

Todos los partidos políticos y sindicatos, a excepción del PP, se han felicitado hoy por la decisión del Tribunal Constitucional de anular el "decretazo" aprobado en 2002 por el Gobierno popular. Así, desde Comisiones Obreras se califica la sentencia de "aviso para navegantes" que servirá para que, en el futuro, ningún gobierno se lance a realizar una reforma laboral sin diálogo.

El secretario de Comunicación CCOO, Fernando Lezcano, ha mostrado su satisfacción por la declaración de los tribunales ya que "confirma los argumentos que defendieron los sindicatos y CCOO contra los intentos contrarreformistas del gobierno del PP". Lezcano afirmó que esta sentencia es un "aviso para navegantes", porque disuade a cualquier gobierno a abordar una reforma laboral "sin el diálogo y la concertación social, que ya se ha ido consolidando".

Desde UGT, su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha asegurado que la declaración de inconstitucionalidad del ''decretazo'' supone una "buena noticia", ya que, a su juicio, su única razón de ser era "el recorte de los derechos de los trabajadores"."Los hechos demostraron que no había urgencia ni necesidad" para aprobar el ''decretazo'', apostilló.

El Gobierno tilda el "decretazo" de "lesivo" para los trabajadores

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha aseverado que el PSOE ya sabía desde el principio que el ''decretazo'' no era "urgente ni necesario". Asimismo, la vicepresidenta enfatizó que el citado decreto ley era "extraordinariamente lesivo" para los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha expresado su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal y ha juzgado que con la medida se lanza el mensaje al Partido Popular de que "hay que respetar la Constitución y fomentar el diálogo social, una fuente extraordinaria de beneficios económicos y sociales".

Aparicio achaca la tramitación como decreto ley a los servicios jurídicos del Ministerio

El que fuera ministro de Trabajo cuando se aprobó el "decretazo" anulado hoy, Juan Carlos Aparicio, no se considera responsable de la forma legal que se escogió para llevar a cabo dicha reforma. Aparicio, actualmente alcalde de Burgos por el PP, quería hacer la reforma laboral pero, según fuentes próximas al primer edil, fueron los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo los que decidieron la forma legal de promulgarla.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha explicado en el Congreso que el "decretazo" fue "el único desencuentro" de los gobiernos de José María Aznar con los agentes sociales en los ocho años de mandato, una proporción que, según dijo, es mejor que lo ocurrido en la etapa del socialista Felipe González. Zaplana recordó que fue el ministro de Trabajo encargado de "desactivar" el problema causado por el ''decretazo'' que firmó su antecesor, Juan Carlos Aparicio.

La izquierda y CiU se felicitan por la sentencia

El portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha señalado que la sentencia del Constitucional "supone la desautorización radical y completa a la política social que practicó el PP con mayoría absoluta". En un comunicado, ha criticado que el PP prescindiese de la opinión de empresarios y agentes sociales con dicha reforma, con la que buscó la "confrontación" con los trabajadores y apostó por una economía sustentada sobre "mano de obra barata".

Desde IU, su coordinador de Economía y Trabajo, Javier Alcázar, ha instado al Gobierno, tras conocer la decisión de los jueces, a reunirse con los agentes sociales y los partidos para "eliminar lo que queda vivo" del "decretazo". Alcázar añadió que esta sentencia confirma la "actitud prepotente" del Ejecutivo del PP y "justifica" el comportamiento de los sindicatos a la hora de convocar una huelga general.

Por otra parte, el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha recalcado que la declaración de los tribunales demuestra que las reformas "impuestas" y que se logran "sin consenso" con los agentes sociales son "malas". Las legislaciones en materia laboral y social "no se pueden hacer" como lo hace el PP, a través de la "política del ordeno y mando", agregó.