La Comisión rechaza la mayoría de las condiciones de la CNE a la OPA de E.ON

La Comisión Europea considera que la mayoría de condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión de E.ON y Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria, según ha informado hoy el llamado ejecutivo comunitario. En las conclusiones preliminares de la Comisión, que ya han sido notificadas a las autoridades españolas, se indica que las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento.

El organismo que preside Durao Barroso cree que las exigencias del regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública.

Si estas conclusiones preliminares se confirman, España tendría que retirar las condiciones incompatibles con la legislación comunitaria, en concreto con el reglamento europeo que regula las concentraciones de empresas. El Gobierno español tendría siempre la opción de recurrir el dictamen de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero mientras dicho tribunal no dictara sentencia, el Ejecutivo socialista tendría que acatar los dictados de Bruselas. En caso contrario, se expondría a un procedimiento de infracción y a la consecuente denuncia ante la Corte europea.

Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las medidas contra la OPA de E.ON podría ser invocada por terceros -como la eléctrica alemana- para reclamar ante los tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas.

Competencia exclusiva

Bruselas recuerda que tiene competencia exclusiva sobre las regulaciones de dimensión comunitaria, sobre las que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional. Tampoco pueden adoptar medidas para prohibirlas o perjudicarlas, excepto si esas medidas protegen intereses distintos a la competencia y son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la normativa europea.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas. La Comisión Europea ya dio el pasado 25 de abril su visto bueno a la propuesta de compra de la alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que no afectaría negativamente a la competencia en el Espacio Económico Europeo.

Respuesta del Gobierno español

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha respondido al pronunciamiento de Bruselas asegurando que la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aprobar la OPA de E.ON sobre Endesa con 19 condiciones "está ajustada a la legalidad comunitaria". En ese sentido, ha matizado que el análisis de la Comisión Europea (CE) es aún "preliminar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones estivales, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno español se encuentra en "diálogo permanente" con la CE y que hasta el momento ha facilitado "toda la información" sobre el tema al Ejecutivo comunitario.

"Hemos mantenido la posición, que seguimos manteniendo, de que las decisiones adoptadas por la CNE están ajustadas a la legalidad comunitaria. Hay ahora un informe preliminar de la CE, puede haber discrepancias, pero estamos en permanente diálogo con la CE y esta es la fase del proceso en la que nos encontramos", ha declarado. "El Gobierno va mantener la posición que hasta ahora hemos mantenido, creemos que tenemos razón", ha sentenciado.