El Gobierno aprueba nuevas medidas para la liberalización "ordenada" del sector eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una batería de medidas para profundizar en la liberalización del sector eléctrico de manera "ordenada". El Ejecutivo ha tenido en cuenta el futuro mercado ibérico de la electricidad (MIBEL), que integrará España y Portugal, para diseñar la reestructuracuración del sector.

El Real Decreto aprobado hoy es un desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley 5/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Productividad en relación con el Sector Eléctrico.

En su contenido figuran la reorganización de la estructura del mercado de producción de energía eléctrica, la racionalización de las instalaciones de distribución y la homogeneización de las condiciones de contratación en los mercados libre y regulado.

El Gobierno ha tenido en cuenta el Mercado Ibérico de la electricidad para definir la nueva estructura del mercado de producción de energía eléctrica en esta nueva norma.

Objetivo: que el mercado libre y el regulado tengan las mismas condiciones

La finalidad de esta nueva estructura es la homogeneización de las condiciones para el mercado libre y el regulado. A juicio del Gobierno, esto debería redundar en "en un incremento de consumidores que pasarán a comprar su energía en el mercado liberalizado".

Las medidas concretas se refieren a la instalación de equipos de control de potencia, a la unificación del tratamiento del consumo de energía reactiva y del pago de garantía de potencia de consumidores tanto en el mercado libre como en el regulado.

La primera medida habla sobre igualar las obligaciones, en ambos mercados, de control de la potencia contratada por los consumidores domésticos, que antes era opcional en el regulado, mediante planes anuales de las empresas distribuidoras.

Se elimina, además, la posibilidad de que, para las mismas características de consumo, un usuario tenga la posibilidad de elección entre varias tarifas, de tal forma que con ello se asegure que cada tipo de consumidor cubra los costes que provoca al sistema.

Por último, se recogen una serie de requisitos acerca de la información que se debe suministrar al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto en el medio ambiente, a la vez que se regulan los requisitos mínimos a que deben ajustarse los contratos suscritos con los clientes domésticos.