El Gobierno aprueba el plan de vivienda 2005-2008, que incluye los polémicos 'minipisos'

El Gobierno ha aprobado hoy, en el seno del Consejo de Ministros, su Plan de Vivienda 2005-2008, que incluye entre otras novedades la reducción del tamaño mínimo de las viviendas protegidas hasta los 30 metros cuadrados, y la prolongación a 30 años del tiempo que dura la protección oficial sobre ellas.

Para la ejecución de las medidas que incluye el plan, el Gobierno va a destinar 6.822 millones de euros, el doble que la cifra destinada en el anterior plan, y pondrá a disposición de los ciudadanos 33.000 millones más en forma de créditos blandos.

La titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, explica respecto a los llamados "minipisos" que la superficie de los pisos protegidos en alquiler será la que determine cada comunidad autónoma, aunque siempre estará dentro de la horquilla 30-45 metros cuadrados.

Trujillo señala además que esos pisos están pensado específicamente para los "jóvenes" menores de 35 años, y añadió que la concesión del uso de estos pisos será "transitoria", para que se pueda acceder a otras viviendas de más superficie o comprar un piso protegido, y sin devolver las ayudas cuando cambien sus circunstancias personales, como es el caso del incremento del número de miembros de la familia.

El plan hace también especial referencia a colectivos como las personas mayores, las víctimas del terrorismo y la violencia doméstica, entre otros, y según la ministra, permitirá elevar la productividad de la economía española.

Evitar el fraude

Otra de las singularidades del plan que hoy se ha aprobado es que se modifica la calificación de la vivienda protegida, y se establece que ésta durará un mínimo de 30 años, aunque las Comunidades podrán aumentar aún más ese plazo. Trujillo señala que esta medida busca evitar el fraude y mantener un parque de VPOs.

Para esa lucha contra el fraude en el sistema de vivienda pública, el Gobierno ha incorporado mejoras en la transmisión de las viviendas protegidas. Así, el propietario podrá venderla a partir de los diez años de su adquisición, pero haciéndolo a un registro de demandantes de las Comunidades, o mediante mecanismos de control "análogos".

El plan no incluye, por fin, la prohibición de financiar las viviendas en régimen del alquiler con opción a compra, una propuesta que había sido elevada por la Comunidad de Madrid y a la que se sumaron otras regiones, como Castilla-La Mancha y Andalucía.