Las autonomías gobernadas por la oposición rechazan 'el Pacto del Suelo'

Las autonomías gobernadas por la oposición han rechazado hoy la propuesta del Pacto Estatal del Suelo que les ha presentado el Ministerio de Vivienda, por considerarlo insuficiente y menos concreto que el vigente.

Durante la reunión que mantuvieron hoy el director general de Urbanismo y Políticas, Marcos Vaquer, con sus homólogos de las diferentes comunidades autónomas, estos últimos transmitieron su opinión sobre los siete puntos que incluye el llamado "Acuerdo por las Políticas de Suelo y las Ciudades".

Desde la Consejería de Medioambiente de Madrid se considera que el texto no mejora al que en su día fue firmado por todas las autonomías salvo las de Baleares, País Vasco y las dirigidas por el PSOE, que, entonces, estaba en la oposición. En su opinión, la Comunidad de Madrid ya firmó un pacto más concreto y amplio y ya lo ha desarrollado y cumplido, por lo que ahora no sería necesario sellar un nuevo acuerdo, que es "mucho más difuso y ambiguo", según ha explicado un portavoz.

En cualquier caso, ha aclarado que "estamos dispuestos a colaborar y a tratar de mejorar el texto, pero no firmar un pacto que incluso puede suponer un retroceso con respecto al que ya existe".

No aporta ninguna novedad

Por su parte, fuentes de la Comunidad Valenciana han explicado que desde allí también considera "insuficiente" el texto propuesto, porque "no aporta ninguna novedad". También se ha propuesto al Ministerio que "asuma la legislación valenciana en materia de suelo y urbanismo, que ya recoge todas las propuestas realizadas por la ministra de Vivienda".

En opinión de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, hay una "preocupante falta de imaginación" del Gobierno, "pues después de varios meses el Ministerio sigue con un discurso errático, propuestas claramente insuficientes en materia de suelo y vivienda y que, además, nunca abordan el fondo de los problemas".

Para esa comunidad, el Gobierno ha pedido que ponga a disposición de las comunidades autónomas el patrimonio estatal de suelo, "ya que está habiendo una clara disparidad de criterios por parte del Ministerio en las diferentes comunidades en función de su filiación política". Por todo ello, esta comunidad tiene previsto liderar la elaboración un texto alternativo al propuesto por el Ministerio que concrete más las iniciativas.

Los mismos epígrafes

En esta misma línea se ha pronunciado la directora general de Política Territorial del Gobierno de La Rioja, María Martín, quien ha explicado que su comunidad no puede apoyar un texto que tiene prácticamente los mismos epígrafes que el vigente, firmado en el 2003 cuando gobernaba el PP, pero que es mucho menos concreto y que no aporta a penas novedades.

Para Martín, el texto propuesto es sólo una "declaración de intenciones" que las comunidades que ya aplicaron el pacto vigente han superado a través de su aplicación en el último año.

"Además, no se nos han facilitado los borradores o los textos con los que trabaja el Ministerio relacionados con los verdaderos puntos de fricción entre las diferentes comunidades. De hecho, ni siquiera se mencionan en el pacto, algo que sí se hace en el vigente", ha explicado.

Siete puntos

El texto en cuestión, que se remitió a las comunidades el pasado jueves, incluye siete puntos, entre los que se encuentra la agilización de los trámites necesarios para que un suelo pueda ser urbanizado, puesto que actualmente ese proceso puede durar incluso años.

Otro de los puntos busca que las planificaciones urbanísticas tiendan a lograr un desarrollo urbanístico sostenible, siempre compatible con el intento de ganar competitividad por parte de cada autonomía. El tercero consiste en la modificación del régimen de valoraciones, para ceñirlo a criterios objetivos que eviten la utilización de criterios especulativos.

El cuarto punto del texto se centra en la necesidad de movilizar suelo público al servicio del interés general, especialmente para destinarlo a la construcción de viviendas protegidas.

Además, la propuesta incluye la recopilación de unas buenas prácticas tanto para el sector privado como para el público, así como la creación de un sistema de información urbana en materia de suelo que permita aumentar la transparencia del sector y sirva de herramienta de trabajo para los poderes públicos.

El último punto es más de carácter metodológico, puesto que consiste en el compromiso de mantener una reunión anual entre las mismas partes para realizar un seguimiento de los pasos dados por las comunidades en materia de suelo.

En esas reuniones también se podrían intercambiar las mejores prácticas de las autonomías, así como nuevos puntos de consenso. El objetivo de Vivienda es que este pacto dibuje unas directrices generales comunes a todas las autonomías, para luego trabajar más en profundidad en los aspectos en los que haya discrepancias.