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La Audiencia juzgará a Botín por las cesiones de crédito del Santander

La juez palacios reclama al presidente de SCH y a otros tres ex altos cargos de la entidad bancaria una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y a otros tres ex directivos de esta entidad por el caso de las cesiones de crédito, así como a 28 clientes del banco que adquirieron este producto financiero. Así lo ha comunicado hoy la juez Teresa Palacios en un auto contra el que no cabe recurso.

El documento judicial acuerda la apertura de juicio oral contra Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique, así como a los directivos José ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, a los que reclama una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros. La juez Palacios les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.

El Santander comercializó contratos de cesión de nuda propiedad de créditos o "cesión de créditos" entre los años 1987 y 1991. Estos productos permitían a los clientes del banco evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20% y el 25% del capital depositado. Entre estos años, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones y captó unos 2.400 millones de euros, lo que pudo suponer para Hacienda un fraude de unos 43 millones de euros. La investigación contra el SCH empezó cuando se descubrió que el banco proporcionó a Hacienda un listado de clientes que habían utilizado estos instrumentos que contenía algunos titulares ficticios.

El Banco Santander Central Hispano (SCH) ha mostrado su "total disconformidad" con el auto de apertura de juicio oral contra su presidente por el caso de las cesiones de crédito, y ha recordado que la Audiencia Nacional ya ha fijado la legalidad de estos productos.

En un comunicado, la entidad financiera recuerda que "la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció en su auto de 23 de junio de 2003 que la comercialización de este producto se desarrolló dentro de la más estricta legalidad", por lo que el SCH considera que "ningún reproche delictivo le es imputable por este concepto".

El banco reitera la "absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados" y critica la "falta de legitimación" de la acusación popular que impulsa este caso.

Finalmente, recuerda que tanto el abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria, como el Ministerio Fiscal, han pedido en varias ocasiones el sobreseimiento de la causa abierta contra el banco.

En julio de 2002 la juez Palacios desestimó el recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño en el caso de las cesiones, viendo indicios de culpabilidad en la actuación de la cúpula del Santander y dejando abierta la vía para un juicio oral. A pesar de que la instructora admitió entonces el argumento del banco de que las cesiones eran lícitas desde el punto de vista mercantil, en su opinión, la vertiente tributaria era lo que daba sentido al producto, ya que precisamente se dejó de comercializar cuando en julio de 1989 un decreto ley las "sometió expresamente a retención tributaria". Casi un año después, la Sala de lo Penal de la Audiencia autorizó a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el Botín y los ex directivos de la entidad, aunque rebajó de 138 a 38 los delitos fiscales cometidos al comercializar las cesiones de crédito.

Con la apertura de juicio oral ya serán dos las causas que afronta Emilio Botín, presidente del SCH, ya que además está acusado en el caso de las prejubilaciones, instruido también por la juez Teresa Palacios. Este caso está pendiente de que se fije la fecha.

La reacción de las acusaciones particulares

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, ha indicado que el auto de la juez Palacios "es una demostración de que se puede hacer justicia pese a las interferencias judiciales de los poderosos". Iniciativa per Catalunya, según su diputado, "ha suplido" en el caso de las cesiones de crédito "la función del Abogado del Estado y del Fiscal" pues se personó en 1998 como acusación particular en la Audiencia Nacional.

La otra acusación particular, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), no quiso hacer comentarios.