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Gobierno y PSOE presentarán a Bruselas un plan de emisiones de última hora para eludir una sanción

Los socialistas lo desarrollarán tras tomar posesión

El PSOE consensuará con el Gobierno en funciones un "documento de mínimos" sobre el futuro Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para permitir su envío a la Comisión Europea antes de la fecha límite del 31 de marzo, según fuentes socialistas.

Con el objetivo de que España no sea sancionada por presentar el plan con retraso, el ejecutivo en funciones enviará a Bruselas un documento "poco detallado", que el nuevo Gobierno desarrollará una vez que tome posesión. Todos los países, salvo España, han publicado ya su plan de emisiones o tienen previsto hacerlo este mes.

Se apruebe o no el Protocolo de Kioto, la Unión Europea se ha comprometido a reducir globalmente las emisiones de CO2 que, en el caso de España, se traduce en un aumento del 15% en 2012 respecto a los niveles de 1990.

La Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pyme, encabezada por José Folgado, efectuó una ronda de contactos con las patronales sectoriales durante la segunda mitad de enero y la primera de febrero. Así, los representantes de los distintos sectores expusieron sus planteamientos y alertaron sobre los efectos que la escasez de derechos tendría en su competitividad.

Estrasburgo aprueba la directiva 'Quien contamina paga'

El Parlamento Europeo debatirá mañana, martes, y aprobará al día siguiente el texto final de la directiva sobre responsabilidad medioambiental, basada en el principio de que "quien contamina paga", tras el acuerdo alcanzado en conciliación entre los representantes de la Eurocámara y del Consejo de la UE. La normativa, que debe transponerse en las legislaciones nacionales en tres años, cubrirá los daños al Medio Ambiente causados por actividades profesionales, así como por otras actividades cuando haya culpa o negligencia manifiesta. En ambos casos, el coste de las operaciones de limpieza será abonado por la empresa u operador responsable, aunque en caso de imposibilidad financiera, corresponderá a la administración pública. En principio, el borrador de la directiva obligaba a las empresas a contratar seguros, para evitar que se escuden en declaraciones de quiebra. Dado el rechazo del Consejo, esta obligatoriedad ha sido eliminada, pero la norma insta a los Estados miembros, al menos, a fomentar el desarrollo de "instrumentos de garantía financiera".

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