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CONSUMO

Un acuerdo con Wall Street Institute permitirá a Opening cumplir con los cursos contratados

La ministra Ana Pastor propone un código de buenas prácticas para que las comunidades autónomas puedan regular estas enseñanzas

La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, ha anunciado hoy que su departamento ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras para que los centros de Wall Street Institute y las franquicias de Opening impartan los cursos contratados por los afectados de la crisis de la escuela de idiomas.

A esta medida podrán adherirse, según ha explicado Pastor en el Pleno del Congreso, "todos los que así lo quieran y lo digan", es decir, que "muchos alumnos" se verán beneficiados con esta solución "inicial". Por ello, ha mostrado su agradecimiento hacia academias y centros por el ofrecimiento de sus recursos.

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Se trata de una "opción voluntaria sin pérdida de ningún tipo de derechos" en la que las entidades financieras posibilitan que los estudiantes que estén al corriente del pago del crédito puedan finalizar los estudios contratados y vuelvan a las clases "sin ninguna condición", según ha matizado la ministra durante la interpelación urgente impulsada por el PSOE.

Coordinación con las autonomías

Asimismo, ha subrayado que el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos del Estado y el Banco de España para analizar las posibilidades de actuación. "Nosotros los deberes los hacemos por y para los consumidores y en armonía con comunidades autónomas y asociaciones de consumidores", afirmó Pastor ante las críticas socialistas de pasividad gubernamental frente a la crisis de Opening.

En esta línea, el Ministerio ha pedido a todas las comunidades autónomas que les haga llegar sus sugerencias sobre posibles modificaciones de la Ley de Crédito al Consumo, puesto que "son ellas las que llevan a cabo la ejecución de la legislación" y ya que en la Unión Europea se está estudiando la elaboración de una directiva en este sentido.

También ha hecho alusión a la posibilidad de crear un código de buenas prácticas y una especie de modelo de norma para que las comunidades autónomas puedan regular estas enseñanzas.

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