Bruselas destinará a la flota española 100 millones de euros menos de lo que Agricultura pide
400 barcos españoles y portugueses resultaron afectados por la no renovación del acuerdo pesquero y se prevé que la mitad de ellos dejen de faenar
Aún así, la suma no satisface las aspiraciones españolas, que en mayo entregaron a la UE un plan de reconversión de 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas). Con la cifra de ayudas adicionales y los fondos estructurales, el montante total de la subvención sería de unos 440 millones de euros. El Gobierno español está dispuesto a financiar con recursos propios la diferencia.
El documento elaborado por la Dirección General de Pesca, que, tras pasar el examen de diversos comités técnicos, debe ser aprobado por el Colegio de Comisarios el próximo 18 de julio y presentado a los ministros del ramo de los Estados miembros en octubre, recoge una cuantía superior a la propuesta inicial, pero no es un programa plurianual, sino que se limita a 2002, y prevé el desguace y venta de más de la mitad de los 400 barcos afectados.
Desguace o venta de más de la mitad
Así, para el "paro definitivo de la actividad" de 230 barcos se prevén 116 millones de euros (unos 19.200 millones de pesetas), para la "modernización" de 50 buques, 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas) y para la "reconversión o prejubilación" de 3.000 pescadores un total de 63 millones de euros (10.500 millones de pesetas).
Estos datos no corresponden exactamente con los de España y Portugal, quienes han calculado que cerca de 330 barcos deberán dejar permanentemente la actividad pesquera, por demolición o por transferencia definitiva hacia países terceros, y cerca de otros 90 podrán continuar su actividad sin cambiar de pabellón tras la transformación de sus aparejos de pesca. Asimismo, han previsto que unos 4.300 pescadores deberán, bajo una u otra forma, beneficiarse de medidas de reclasificación o cese anticipado de actividad.
Asimismo, han evaluado que la ayuda comunitaria necesaria para la reconversión del conjunto de la flota y de los pescadores debería ser de 281 millones de euros (unos 46.600 millones de pesetas). Sin embargo, la Comisión Europea considera que el montante estimado necesario para la ejecución de la presente acción es de 197 millones de euros (32.780 millones de pesetas) en créditos suplementarios.
Una vez que se concretó el desacuerdo entre la UE y Marruecos en materia de pesca, España presentó a Bruselas un plan económico y social para hacer frente a la reconversión de la flota pesquera que ascendía a 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas).
España pretendía con esa cantidad no sólo sufragar el coste de la desmantelación y reconversión de la flota, sino también asegurarse que ésta se realiza sin coste social, esto es, que se tuviera en cuenta la creación de actividades laborales alternativas para los afectados y las consecuencias sociales y laborales y las repercusiones en los sectores ligados a la pesca.
Ante la presentación del plan español, la UE consideró en su día "excesiva" la propuesta española, amparada en una peculiar interpretación del tratado de Niza, que establecía la necesidad de un programa de acción específico para la reestructuración de la flota comunitaria que ejerció sus actividades en el marco del antiguo acuerdo [con Marruecos], con la condición de no modificar el marco presupuestario establecido hasta 2006.
Reparto de las ayudas
El reparto de estos créditos propuestos por la UE entre España y Portugal debe ser calculado según el tonelaje respectivo de la flota que operaba bajo el acuerdo de Marruecos, es decir, 188,36 millones de euros (unos 31.200 millones de pesetas) para España y 10,64 millones de euros (unos 1.760 millones de pesetas) para Portugal. Esto supone que España absorbería el 94,6% de las ayudas.
En este sentido, la Comisión destaca en el documento que la flota a eliminar definitivamente representa cerca del 60% de la flota en cuestión y la contribución comunitaria estimada necesaria para esta eliminación representa cerca del 160% de la compensación financiera anual del antiguo acuerdo de pesca.
Además, considera que los créditos comunitarios no deben cubrir más que una parte del coste total de la acción (entre el 75 y el 35% de cada medida) con el fin de que el resto sea costeado por los Estados miembros. Se aplicarán los criterios de ejecución del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) y las disposiciones en vigor para los Fondos estructurales.
La "prioridad absoluta" de Bruselas es evitar una recolocación de los barcos en aguas comunitarias o en el contexto de otros acuerdos de pesca con países terceros, a la luz de que la presión actual sobre los recursos pesqueros es excesiva. "La eliminación pura y simple de las capacidades excedentarias es la manera más eficaz de traducir en los hechos la reducción indispensable del esfuerzo de pesca", señala el Ejecutivo comunitario.
La flota que ha operado hasta 1999 en el contexto del acuerdo de pesca es muy variada y comprende entre otros palangreros de 20 toneladas, cefalopoderos de 300 toneladas y artesanales o cerqueros de 600 toneladas. Según los baremos marcados por el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP), se estima que serán necesarios 93 millones de euros (unos 15.400 millones de pesetas) para las primas al desguace, y dado que todos los barcos tienen su base en regiones de Objetivo 1, corresponde la UE subvencionar el 75% del valor, es decir, 70 millones de euros (11.600 millones de pesetas).
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