La izquierda radical rechaza la "vía Nanclares" para los presos de ETA

La izquierda abertzale, que está terminando de pergeñar su estrategia sobre el futuro de los presos de ETA, su principal reto en estos momentos, la plantea en dos fases bien diferenciadas. Una primera, que denomina de "humanización", que trata de materializar en el acercamiento de presos a las cárceles vascas, la excarcelación de los enfermos y de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena.

Esta reivindicación de la izquierda abertzale es asumida sin diferencias sustanciales por el Gobierno vasco del socialista Patxi López y por el principal partido de la oposición, el PNV, que aspira a regresar al Ejecutivo de Vitoria en breve.

La segunda fase que ha ideado la izquierda abertzale, que afectaría al conjunto de presos y huidos, implicaría algún tipo de reforma legal o acuerdo político entre todos los partidos con el respaldo necesario del Gobierno central. En esta segunda fase, la izquierda radical no acepta la "fórmula Nanclares", un modelo de reinserción de presos etarras que puso en marcha el anterior Gobierno socialista para el que los reclusos terroristas deben rechazar la violencia, pedir perdón a las víctimas y solicitar acogerse a los beneficios penitenciarios previstos por la ley.

Los etarras rehúsan colaborar con la Justicia y condenar su trayectoria

Esta vía Nanclares implica además un tratamiento individualizado donde cada preso cumpla los requisitos. El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está dispuesto a mantener esa estrategia penitenciaria.

El futuro de los presos etarras es uno de los aspectos que el Ejecutivo del Partido Popular abordará para lograr que la banda terrorista pase del cese definitivo de la violencia al desarme y a la disolución.

Es una cuestión de Estado muy delicada por los problemas que plantea a las asociaciones de víctimas, así como a sectores de la derecha, lo que ha empujado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reclamar tiempo y discreción.

El jefe del Ejecutivo central lo ha manifestado tras reunirse en los últimos días con el lehendakari, Patxi López, y con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dos actores políticos esenciales para la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con el fin definitivo de ETA.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que en breve se reunirá con Rajoy en La Moncloa, pretende alcanzar un pacto entre los tres principales partidos vascos que marque un "suelo democrático", con el reconocimiento del daño causado, la reclamación de la disolución de ETA y de compromiso con la democracia, que sirva de referencia a la izquierda abertzale.

El mundo de la antigua Batasuna, que trabaja en las dos fases citadas, la "humanitaria" y la de mayor alcance penitenciario, calcula que la primera fase podría resolverse con "relativa rapidez". Porque a su juicio es una cuestión de "voluntad política", sobre todo del Gobierno, que tendría que limitarse a aplicar la ley, haciendo desaparecer las medidas excepcionales para los presos de la banda terrorista ETA al igualarlas con las de los presos comunes.

En esta misma fase se enmarca el futuro del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo por el caso Bateragune, que se dirimirá esta primavera. Lo mismo sucederá con la revisión de la doctrina Parot, pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional, que no se decidirá hasta que se produzca la renovación de esa institución, según distintas fuentes.

Para el Gobierno, esta primera fase será todo un test para comprobar hasta dónde y a qué ritmo puede avanzar, ya que se espera una reacción negativa de una parte de su electorado.

Pero la segunda fase que plantea la izquierda abertzale es más complicada al requerir algún tipo de reforma legal o de acuerdo político. Los independentistas se hacen eco de las propuestas del colectivo de presos de ETA que al rechazar la "vía Nanclares" implica una reforma legal o política para permitir que disfruten de mejoras en su tratamiento penitenciario.

Baraja varias fórmulas alternativas, desde un cambio legislativo hasta un pacto político, pasando por una ley especial. La "vía Nanclares" es la fórmula a la que se han acogido una minoría de presos de ETA, expulsados de la banda terrorista, que asumieron las condiciones de la reforma del Código Penal y del reglamento penitenciario, reformadas en 2003 y que la izquierda radical califica de "derecho penitenciario de excepción".

El artículo 90 del Código Penal, que regula el acceso a la libertad condicional, y el 73 de la Ley General Penitenciaria, que detalla la progresión de grado, exigen a los presos, además del rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado, la condena de toda su trayectoria y la colaboración con la Justicia.

La izquierda abertzale y el colectivo de presos etarras no están dispuestos a asumir los dos últimos extremos. Sin embargo, sí estarían dispuestos a aceptar el rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado. De hecho, la declaración de Gernika, en la que participó la izquierda abertzale y suscribió el colectivo de presos de ETA, ya lo ha hecho. E incluso, previsiblemente, lo harán por su cuenta los independentistas y el colectivo de reclusos etarras.

La izquierda abertzale baraja varias fórmulas alternativas. Una podría consistir en una modificación legal. Otra posibilidad que se plantea sería la promulgación de una ley especial, como sucedió en Irlanda con los presos del IRA. La tercera, consistiría en un acuerdo político entre los partidos.