El Gobierno busca reindustrializar Cádiz

El Ministerio de Industria ha confirmado a la Confederación de Empresarios de Cádiz que activará próximamente la convocatoria de ayudas a la reindustrialización para varias comarcas de toda España, entre ellas, la bahía gaditana, que, hasta ahora, se ha llevado la mayor parte de estas partidas destinadas a crear empresas y empleo. El año pasado este plan se vio envuelto en una investigación judicial tras conocerse que un empresario gallego, Manuel Dávila Ouviña, había recibido millones de euros de dinero público sin haber desarrollado los proyectos en Cádiz por los que recibió el dinero público. La patronal gaditana se mostró ayer muy "agradecida" al Gobierno por continuar con el plan y no endurecer las condiciones para conceder las ayudas.

El departamento que ahora dirige José Manuel Soria ha comunicado ya por carta a las organizaciones empresariales su intención de convocar en breve las ayudas para 2012. El espíritu sigue siendo el mismo que cuando se convocó en 2006 por primera vez. "Busca un desarrollo sostenible del territorio a través de la regeneración y creación de tejido industrial y actúa prioritariamente en zonas desfavorecidas", explica la misiva. La carta revela que "debido a la dificultad que tienen las empresas para la obtención de avales, se exime de la obligación de presentar garantías para el cobro anticipado de la ayuda concedida".

Esta aclaración es muy relevante para los empresarios gaditanos, que temían que el escándalo de las subvenciones perdidas en Cádiz llevasen al Gobierno a endurecer las condiciones para acceder el plan. "Tenemos que agradecer la sensibilidad que ha tenido el Ejecutivo con la situación económica actual", explicó ayer el secretario de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez. El que no se necesitasen avales tampoco en la convocatoria del año pasado facilitó el cobro de las ayudas para aquel que supuestamente pretendió quedarse con el dinero, más de 15 millones de euros, para proyectos que no se desarrollaron. Pero la imposición de esta exigencia de un aval provocaría que muy pocos empresarios, solo los más grandes y solventes, pudiesen aspirar a este programa, cuya vigencia termina el año que viene.