El PP veta que se investigue el urbanismo de Sanxenxo

Vapuleado repetidamente en los juzgados por su alegre gestión urbanística, el gobierno local de Sanxenxo se erigió ayer en garante del rigor jurídico para rechazar los ruegos de la oposición, que reclamaba una comisión de investigación que fiscalizase el planeamiento municipal y su gestión por el equipo de gobierno. PP y VIPS bloquearon en un pleno extraordinario la solicitud, firmada por SAL, PSOE y BNG, porque estaba "mal redactada" y porque, además, le supondría mucho lío al consistorio. "No es viable, no es posible paralizar la gestión del Ayuntamiento", esgrimió la concejal de Urbanismo, María Deza.

La petición, registrada después de que el gobierno local reconociese que olvidó presentar un recurso contra una sentencia que le obliga a devolver 3,8 millones a un grupo de empresas promotoras, estaba destinada al fracaso, aunque entre la oposición había una mínima esperanza de que José Luis Rodríguez, único edil de VIPS y sostén de la mayoría del PP en la corporación -hasta las elecciones de mayo de 2011 eran acérrimos rivales-, apoyase la petición. No lo hizo porque la moción no le incluía como miembro de la comisión, un "desprecio" intolerable a su entender, y porque la redacción era "nefasta". La moción pedía de manera indistinta investigar "las sentencias judiciales contrarias a los intereses del Ayuntamiento". En su inconcreción se escudaron PP y VIPS.

3,8 millones

La sentencia que originó la convocatoria de ayer, dictada en mayo, alude a una modalidad urbanística impulsada por Telmo Martín cuando era alcalde, según la cual el Ayuntamiento permitió a un grupo de constructoras eludir la obligación legal de levantar vivienda pública a cambio de 3,8 millones de euros. La operación se volvió inviable por un cambio en la ley, y las empresas reclamaron la devolución. El juzgado les dio la razón, pero la alcaldesa, Catalina González, insistió ayer en la tesis municipal de que el dinero se entregó sin contrapartidas.

La portavoz del PSOE, Dulcinea Aguín, indicó que, de no aprobarse la comisión, denunciaría el caso: "Iremos hasta donde tengamos que ir", dijo. Tanto ella como el portavoz del BNG, David Otero, se quejaron también de que el Ayuntamiento haya externalizado la gestión de sus pleitos al gabinete de José Luis Narbón, asesor del conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Dicen que el procurador se olvidó de presentar el recurso. ¿Qué broma es esta?", se quejó Otero.