Imputado un jefe de los Mossos por el desalojo de indignados

El juez que investiga la carga policial contra los indignados en la plaza de Cataluña ha citado a declarar, como imputado, al máximo jefe de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Joan Carles Molinero. La imputación del mando policial llega días después de que un jefe del dispositivo de seguridad que estaba sobre el terreno explicara que se había limitado a ejecutar las "órdenes" que el comisario Molinero dictaba desde la sala de mando.

El pasado 27 de mayo, los Mossos desalojaron a los acampados del 15-M con el argumento de que debían "retirar los objetos peligrosos" y "limpiar" el lugar por la posible celebración culé de la Champions. La actuación policial se saldó con más de 100 heridos y dejó escenas que dieron la vuelta al mundo por la contundencia de los antidisturbios.

Un grupo de abogados presentó una querella por vulneración de derechos fundamentales. La denuncia sostiene que los agentes dieron un trato "intimidatorio, amenazante y vejatorio" a los indignados. Interior ordenó el desalojo sin haberlo notificado y pese a la actitud pacífica de la mayoría de manifestantes. Cuando acabó la carga policial, la Guardia Urbana retiró de la plaza los objetos de los indignados "sin ningún cuidado" y los llevó a un descampado, donde sufrieron "daños irreparables".

Acoso a diputados

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha imputado por esos hechos al director general de la Policía, Manel Prat, y a la exconcejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, la socialista Assumpta Escarp. Se trata de la primera vez en Cataluña que dos responsables políticos responden ante un juez por una actuación policial. En su declaración, Prat citó también como jefe del dispositivo a Molinero, que declarará el próximo 10 de febrero.

La Audiencia Nacional, por otro lado, ha ordenado al juez Eloy Velasco que se inhiba en favor de los juzgados de Barcelona en la investigación de los actos de acoso a diputados catalanes. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio a las puertas del Parlamento catalán y hay unas 20 personas imputadas. La Audiencia entiende que el Parlamento autónomo no puede ser considerado un alto organismo del Estado.