Fidel San Román admite que pagó a Roca por licencias

El constructor Fidel San Román ratificó ayer, uno por uno, todos los pagos al cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de los que le acusa la Fiscalía. Los abonos, que suman 3,08 millones de euros, fueron realizados siempre a cambio de la concesión de licencias de primera ocupación de sus promociones. La declaración de San Román, de 72 años, fue el plato fuerte de la sesión de ayer del juicio del caso Malaya.

"Cuando las viviendas estaban ya para entregar a los compradores, nos dicen desde el Ayuntamiento que hace falta el dinero, y que, si no, eso no sale adelante", afirmó en relación al permiso de primera ocupación para una promoción de 800 apartamentos. Según él, sólo en 2005 pagó a Roca más de tres millones de euros en "dinero físico, blanco y sacado de las cuentas de la empresa". Los pagos se efectuaban normalmente en las oficinas de Roca en Marbella y otras veces en Madrid, relató San Román.

La declaración del promotor desmonta en parte lo manifestado por Roca a lo largo del juicio. El exasesor urbanístico marbellí admitió que recibió pagos de San Román, así como de los dueños de Aifos y de Construcciones Salamanca, pero dijo que lo hizo no a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, sino por "trabajos de asesoramiento". "En mi empresa nunca ha habido asesores externos, somos una empresa familiar", aseguró San Román, que ha llevado, entre otros negocios, la explotación de la plaza de toros de Las Ventas.

Ahora, el promotor se presenta más bien como víctima de un chantaje: "Todas las entregas de dinero han sido en 2005, cuando se solicitan las licencias de primera ocupación". Según él, después de que los propietarios de los apartamentos le hubieran pagado por sus viviendas, no pagar y arriesgarse a ser llevado a los tribunales era una especie de suicidio empresarial: "O accedía

[a pagar a Roca por la licencia] o me colgaba de la soga (...) Sabía que hacía algo mal pero no tenía otra opción", afirmó San Román, para quien el fiscal reclama nueve años de cárcel y multas de 48 millones de euros por cohecho y blanqueo.