Orihuela autorizó 200 urbanizaciones inacabadas

Las secuelas del urbanismo salvaje que campó en la primera década del siglo son palpables en la mayoría de urbanizaciones que copan el litoral. Pero un ejemplo de este fenómeno de crecimiento urbano desordenado es el término municipal de Orihuela, y de manera especial su tramo costero, donde en época estival se concentran unos 250.000 residentes, la mayoría extranjeros.

Entre 1997 y 2010 con el PP en el Gobierno local, en Orihuela se construyeron 38.000 nuevas viviendas, distribuidas en unas 200 urbanizaciones, la mayoría inacabadas.

El PP, no obstante, aceptó las actas de recepción sin verificar que estaban ejecutadas al cien por cien, según denuncia el actual equipo de Gobierno (un tripartito integrado por Los Verdes, PSPV y Los Liberales).

Las deficiencias más comunes afectan a los viales y a las zonas verdes

En respuesta a esa situación, el Ayuntamiento está elaborando un informe sobre las deficiencias que presentan esas urbanizaciones y obligará a los promotores a corregir las carencias. "Nuestro objetivo es no recepcionar ninguna urbanización hasta comprobar que están totalmente acabados y ejecutados todos los aspectos", asegura Antonio Zapata, concejal de Urbanismo, del PSPV. "Para ello enviaremos a los técnicos municipales para que comprueben el estado final de las obras", añade.

Según Zapata, el anterior equipo de gobierno del PP firmó las actas de recepción, en algunos casos parciales, y autorizó las cédulas de habitabilidad, sin verificar si los promotores habían ejecutado el 100% de las obras de urbanización.

Las recepciones parciales de las urbanizaciones, que a partir de ahora no aceptará el Consistorio, "provocaron una cierta relajación de los promotores a la hora ejecutar las obras pendientes", precisa el responsable del área de Urbanismo. Zapata también acusa al anterior equipo de Gobierno del PP "de falta de diligencia" a la hora verificar las actas de recepción con los trabajos supuestamente completos.

Cuando los dueños de las casas ocuparon las mismas comenzaron los problemas y las posteriores quejas. Lo habitual en estas urbanizaciones inacabadas es observar calles sin aceras o sin asfaltado, que no se hayan construido las zonas verdes comprometidas, que no esté completo el alumbrado o que la red de alcantarillado esté incompleta. En otros casos, las áreas de recreo están incrustadas en descampados o algunos residentes conviven en medio de grúas de otras urbanizaciones en obras.

Otra denuncia común de los residentes de las urbanizaciones es el abandono de las zonas verdes y jardines, en algunos casos emplazados en medio de barrancos.

Y en paralelo con esta batalla contra las urbanizaciones inacabadas el Ayuntamiento tiene abierto otro frente urbanístico, la regularización de miles de viviendas ilegales diseminadas por el término. El edil zapata señala que, en breve, estará redactado el pliego de condiciones para comenzar el proceso. El proceso de regularización de las viviendas ya construidas está consensuado y aprobado por la Consejería de Territorio, y será voluntario.

El coste del proceso dependerá de situación de cada vivienda y de los servicios e infraestructuras que tengan que ejecutarse. Esta masiva incorporación de casas al ordenamiento urbano del municipio supone una ley de punto final para el urbanismo salvaje.

El Ayuntamiento aplicará tolerancia cero con los nuevos infractores. Y nada más detectar la infracción urbanística se abrirá el correspondiente expediente que, además de imponer una sanción, tiene como primer imperativo restituir la legalidad urbanística. Las multas previstas en el nuevo protocolo municipal contra el urbanismo clandestino oscilarán entre los 600 y 3.000 euros. La edil socialista asegura que, además, se trasladará el expediente a la fiscalía y se cortarán los servicios básicos, como luz, teléfono o agua.