300 presos del franquismo buscan en Argentina la anulación de sus juicios

"Contra la impunidad del franquismo", reza la pancarta. La colocan tres hombres canosos en el escenario del instituto de secundaria Lope de Vega, en Madrid. Es la puesta de largo de la asociación La Comuna, integrada por casi 300 opositores encarcelados desde los años sesenta hasta 1977 por militar en organizaciones de izquierda -Liga Comunista Revolucionaria, ETA VI Asamblea, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y diversos partidos comunistas, incluido algún militante del PCE-. Una mezcla de viejos trotskistas, marxistas-leninistas, maoístas, anarquistas... Ayer colmaban el salón de actos para emprender la batalla contra el "punto final" que a su juicio supuso la Ley de Amnistía de 1977 y el "desamparo" en que les deja la de Memoria Histórica de 2007.

Los "represaliados" -como los define desde la tribuna Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP condenado a muerte en 1975- tienen más esperanzas en la justicia argentina que en la española. De ahí que se apresten a reunir papeles para hacérselos llegar a la juez que, amparada en la justicia universal, investiga en Buenos Aires la represión franquista desde 1939 hasta junio de 1977. "Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega", explica uno de los impulsores de La Comuna, José María, Chato, Galante, ex dirigente de la LCR.

"Hemos estado en la cárcel por luchar contra Franco. Reivindicamos una época que no aparece, porque da la sensación de que la represión acabó a comienzos de los años sesenta, y no fue así. Entonces fue cuando empezó el Tribunal de Orden Público", detalla Galante a EL PAÍS. Entre 1963 y 1977, el TOP juzgó a 8.943 personas por delitos políticos. El 78% resultaron condenados a un total de 10.146 años, 18.870 meses y 4.758 días, pero hubo unos 50.000 afectados si se suman los detenidos e investigados, enumera en rápido inventario.

El TOP sustituyó a los consejos de guerra militares, limitados desde 1963 a casos considerados como terrorismo y pródigos en dictar penas de muerte. Muertes hubo también sin tribunal mediante: 214 a manos del aparato del Estado y de la ultraderecha entre 1962 y 1981, según La Comuna. "En España ha habido terrorismo institucional y de Estado, no solo de ETA", concreta ante el auditorio Víctor Díaz Cardiel, del PCE.

Contra el manto del olvido tendido en la Transición, los miembros de La Comuna piden una investigación a fondo y la derogación de la Ley de Amnistía. Preparan los papeles para presentar querellas en Argentina. Buscan allí la anulación de sus juicios -la Ley de Memoria Histórica solo los declara "ilegítimos"- y la persecución de los culpables aún vivos de la represión franquista.