Poner límites

Algunas comunidades autónomas españolas son como adolescentes que realmente ponen a prueba la paciencia de sus padres. El conjunto de las 17 autonomías del país volvieron a incumplir sus objetivos fiscales el año pasado e hicieron que el país incumpliese el suyo. El Gobierno se enfrenta al mismo dilema que la Comunidad Europea en lo referente a garantizar que los Estados miembros cumplan el pacto de estabilidad: ¿cómo obligar a las regiones a seguir las reglas?

Los castigos del Gobierno no han sido demasiado efectivos hasta el momento. Ha impedido a algunas comunidades emitir deuda a largo plazo y ha exigido planes de recuperación del equilibrio a las que habían gastado en exceso. Pero en vez de hacer recortes, los Gobiernos autonómicos han aplazado miles de millones de euros de pagos a sus proveedores y han emitido bonos caros a un año destinados a los inversores al por menor. Para ser justos, algunas comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha han empezado a recortar en serio tras un cambio en los Gobiernos regionales. El verdadero problema es la falta de sanciones eficaces para poner coto al gasto excesivo, lo mismo con lo que se ha encontrado la eurozona en el caso de la deuda soberana de las economías del sur de Europa. La Constitución consagra la autonomía financiera de las comunidades. Pero el actual sistema no parece sostenible. La Comunidad Valenciana se retrasó en pagar una deuda bancaria a principios de este mes, y el Gobierno central tuvo que negar que había intervenido para ayudar a repagarla.

Una opción extrema sería dar ejemplo dejando que una de las comunidades faltase al pago de sus deudas y que el Gobierno central se hiciese cargo de sus finanzas. Eso es, en a grandes rasgos, lo que pasó con Grecia y la eurozona. Pero eso podría disparar los costes de financiación de otras regiones más responsables. Además, el alivio de la deuda sería limitado, puesto que las comunidades no tienen tanta deuda que reducir en estos momentos. La deuda regional financiera total es de 135.000 millones de euros, o alrededor del 13,5% del PIB del país (sin incluir unos 30.000 millones de euros en deuda comercial).

Como parte del marco acordado con el Gobierno anterior, las comunidades deben reducir sus déficits a la mitad, desde aproximadamente el 2,7% del PIB del año pasado, según estimaciones del Gobierno, hasta el 1,3%. La mayoría de ellas están gobernadas por el Partido Popular, así que debería ser posible conseguir que se sometan. Pero el Gobierno no debería correr riesgos. Este año, las comunidades tienen que refinanciar más de 17.000 millones de euros de deuda, según Moody's.

El Gobierno prepara una nueva ley que fijará unos topes anuales de gasto para las comunidades y establecerá sanciones por incumplirlos. El Gobierno debería exigir unas concesiones duras si se da el caso de que tenga que ayudar a financiar a alguna comunidad. Los infractores fiscales reincidentes deberían estar obligados a someterse a una autoridad central que pueda supervisar los presupuestos y controlar el gasto de forma temporal. Esta renuncia a la independencia, aunque temporal, sería controvertida, pero, después de todo, esta es también la amenaza que pesa sobre el Gobierno central.