Del Nido sabrá hoy las medidas cautelares tras su condena

El abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz tienen hoy una cita decisiva en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acoge una vista para decidir sobre las posibles medidas cautelares tras la condena a ambos por malversar 2,7 millones de euros de las arcas municipales marbellíes mediante el cobro, por parte de Del Nido, de minutas que no correspondían a trabajos judiciales efectivamente realizados.

El fiscal anticorrupción que investigó el caso, Francisco Jiménez Villarejo, puede plantear un abanico de medidas para evitar que Del Nido y Muñoz, que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, eludan la acción de la justicia tras la sentencia condenatoria, conocida el pasado 19 de diciembre. La fórmula más dura es la petición de ingreso en prisión, aunque también existen alternativas como la prestación de una fianza económica o la prohibición de abandonar el territorio español, mediante la entrega del pasaporte.

Según fuentes judiciales, la petición se gradúa en función de la gravedad de las penas impuestas -en este caso siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación para ambos-, la existencia de otras causas judiciales abiertas o los antecedentes penales.

Tras la petición del fiscal, será el tribunal el que decretará las medidas que se deben adoptar, que pueden coincidir con las planteadas por el fiscal, pueden ser distintas o incluso pueden ser inexistentes.

Tanto Muñoz como Del Nido tienen pendientes causas judiciales derivadas de su paso por Marbella. En los juzgados de instrucción de esa ciudad todavía colea el llamado caso Fergocón, que analiza la contratación de obras por parte del Ayuntamiento marbellí con una empresa propiedad de los hermanos del presidente sevillista.

La empresa Fergocón facturó al Ayuntamiento entre 2001 y 2002 obras municipales por valor de seis millones de euros, en 528 facturas prácticamente correlativas. Parte de la deuda, 1,98 millones de euros, fue abonada por el Consistorio gilista con dos parcelas municipales que fueron tasadas a un precio muy inferior al valor real de mercado en esas fechas. Esta causa todavía está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal.