El conflicto con la empresa del aeropuerto de Castellón agotará la vía judicial

El Gobierno valenciano no indemnizará a Concesiones Aeroportuarias, la empresa del aeropuerto de Castellón, después de la ruptura del contrato para gestionar la instalación. Desde el gabinete de Presidencia explicaron ayer que tras la denuncia formal de la sociedad contra el Consell por incumplimiento de contrato se ha optado por agotar la vía legal y dejar que sean los tribunales los que decidan.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció ayer que todos los grandes eventos y proyectos están "sujetos a revisión", al tiempo que llamó a la prudencia en relación con los contratos firmados por las posibles indemnizaciones o penalizaciones si se incumplen. En el caso del aeropuerto de Castellón, desde Presidencia explicaron que la denuncia frena cualquier posible indemnización.

Concesiones Aeroportuarias presentó la denuncia "por incumplimiento de contrato" el 29 de diciembre y ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castellón. La reacción del Consell al conocer la denuncia fue la ruptura del contrato firmado en marzo de 2011 para "ahorrar" más de 30 millones de euros. La novación del contrato comprometía a la Generalitat a asumir las pérdidas por la gestión del aeropuerto durante los primeros años de funcionamiento.

La decisión, según el Consell, se tomó por "responsabilidad" después de que los bancos endurecieran las condiciones a Globalvía, poseedora del 45% de la sociedad a la que se otorgó la concesión de las obras y explotación del aeropuerto. El comunicado del Consell sobre el conflicto personalizó la ruptura en las exigencias de Globalvía pese a que la concesionaria la integran también otras empresas.

No obstante, desde la sociedad recuerdan que las condiciones actuales del contrato son las mismas que las firmadas en marzo de 2011 y acusan a la Generalitat de incumplirlo por no presentar la carta de patrocinio, una especie de aval por el que se comprometía a asumir los 48 millones de pérdidas previstos en los primeros ocho años de gestión del aeropuerto. Este compromiso debía haberse ejecutado en septiembre y tras varios intentos fallidos de que se hiciera efectivo la empresa acudió a los tribunales.

Desde el Consell no explicaron si cabe la posibilidad de que las partes negocien para zanjar un procedimiento legal por el que se reclaman a la Generalitat 70 millones de euros -el PSPV cifra en 100 millones la deuda por la obra y el lucro cesante-.

Mientras, el Ministerio de Fomento asegura que aún no ha llegado ninguna petición para que AENA se haga cargo de la gestión, una de las opciones barajadas por la Generalitat.