Bases para un pacto de Estado sanitario

Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986, que optó por un Sistema Nacional de Salud de acceso universal, financiado por impuestos generales, fuera de la Seguridad Social y descentralizado en las comunidades autónomas, se ha intentado en varias ocasiones llegar a pactos de Estado a modo del acordado para las pensiones en el Pacto de Toledo. Existen múltiples informes -Abril Martorell, Miquel Vilardell, comisiones parlamentarias, conferencia monográfica de presidentes (2005) y recomendaciones de variados agentes-, pero siempre han quedado aparcados.

Ya dije en el 2005 que necesitábamos un pacto sanitario, porque los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la inmigración y la innovación tecnológica hacían difícil su sostenibilidad, incluso en momentos de gran crecimiento económico. Debíamos y pudimos, pero no lo hicimos. Llego a la conclusión de que los cambios se producen durante las crisis, no cuando todo aparenta ir bien, del mismo modo que la burbuja inmobiliaria se rompió sola por no haber sabido gestionarla a tiempo. Ahora considero que el pacto es una urgencia, una "obligación moral" si no queremos que el sistema sanitario, con indicadores de resultados entre los 10 mejores del mundo, naufrague.

Deberíamos llegar a un acuerdo político, profesional y ciudadano para los próximos 10 años

La revisión fiscal que plantee Rajoy puede ayudar o empeorar el sistema sanitario

La situación económica actual con una tasa de paro muy elevada, un aumento de la pobreza y de la precariedad social, es un factor que conlleva mayores desigualdades en la salud. La caída de los ingresos, junto a imposiciones europeas de reducción y control de la deuda, están abocando a recortes que están generando serias dificultades al sistema sanitario español, que además arrastraba un déficit acumulado histórico de unos 15.000- 20.000 millones de euros.

El Partido Popular (PP) en el Gobierno de España y en la mayoría de CC AA deberá definir su política sanitaria. Los sistemas sanitarios cambian de modelo por modificaciones legislativas -cambios que creo poco probables en este momento, ya que el debate público lo impediría a pesar de la mayoría absoluta del PP- o por refugio de clases medias altas y profesionales en el sector privado, al perder calidad el sector público.

Ahora más que nunca creo que deberíamos llegar a un gran acuerdo político, profesional y ciudadano para blindar el sistema sanitario público durante los años de crisis y cerrar un marco de estabilidad para, como mínimo, los próximos 10 años. Hace falta liderazgo para pactar las reformas, los ajustes y la austeridad, para salvar la calidad y equidad garantizando la sostenibilidad. Los temas substantivos a los que debemos hacer frente son la forma de gobierno, el modelo, la financiación y el papel de los profesionales y de los ciudadanos.

El Ministerio de Sanidad y Política Social debe tener autoridad política para un modelo de Gobierno cooperativo con las CC AA, a través de un reforzado Consejo Interterritorial. La recentralización de las competencias sería un error; los mejores sistemas del mundo son altamente descentralizados, como los de Suecia, Noruega, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Sin embargo, es preciso un Gobierno real, compartido entre el Estado y las CC AA, en los temas estratégicos.

Por ello, es necesario concretar la cartera básica de prestaciones, revisada por una Agencia de Evaluación federativa, modelo inglés-NICE, saber su coste real y garantizar su financiación. La financiación sanitaria es autonómica no finalista desde el 2001, año de traspasos generalizados, pero esto no excluye la responsabilidad política compartida. El sistema sanitario público español se financia vía impuestos y, además, la cartera es común y la política de medicamentos -admisión a pago público y precios- es estatal. Este va a ser el verdadero núcleo del debate.

La revisión fiscal que plantee el presidente Rajoy puede ayudar o empeorar el sistema sanitario; más o menos impuestos, impuestos finalistas -tabaco, alcohol u otros-, el IVA aumentado o reducido para los servicios sanitarios, y, si acaso, cambios en las aportaciones de los usuarios, lo que debería garantizar la equidad, no malograrla.

El gasto sanitario español está todavía un punto por debajo de la media europea -según el informe OCDE Health 2010, el gasto sanitario en porcentaje del PIB fue el siguiente: Global: UE-15, 9,4; España, 8,8, y Cataluña, 8,2. Público: UE-15, 7,3; España, 6,5, y Cataluña, 5,6. Privado: UE-15, 2,1; España, 2,3, y Cataluña, 2,6- y la decisión de qué queremos financiar y cómo será la clave para crear un sistema sostenible, sin cambiar de modelo y sin perder la universalidad.

También habrá que concretar el papel de los seguros privados, obligatorios por nivel de renta -que descapitalizaría rápidamente el sistema público y segregaría a las clases populares del resto de la población-, o voluntarios para el acceso a una cartera amplia o a aquello no incluido en el catálogo público. La población que opta en España por una cobertura también de seguro privado, es muy dispar según las CC AA; en Cataluña alcanza el 25%. Asimismo hará falta revisar el papel de las mutualidades laborales y de funcionarios.

La definición del modelo debería priorizar la salud pública y un modelo sociosanitario de atención a las personas con problemas de salud crónicos -un 34% según la encuesta de Salud de 2010 en Cataluña-. La revisión de un modelo sanitario y de atención a la dependencia humanizada y posible es uno de los retos más importantes.

El pacto debería incluir consensos básicos en la provisión de la red de responsabilidad pública -que debemos dejar en manos de las CC AA- y sobre todo en la priorización de la participación activa de los profesionales en la gestión de los centros y en un nuevo modelo retributivo basado en el profesionalismo. Asimismo, el ciudadano debe tener un papel clave en el autocuidado de su salud y en el buen uso del sistema.

Finalmente, la mirada del sector salud no puede ser solo de gasto, sino de motor de la economía productiva. Este crea, retiene, capta, exporta, importa talento; genera conocimiento y servicios de valor añadido, con una fuerte inversión en investigación e innovación. España forma parte del G-10 en investigación biomédica y en algunas áreas, del G-4 -medicina regenerativa, cáncer, cardiología, salud pública, malaria, sida-. El sector salud crea riqueza -alrededor del 5%-, empleo calificado y diversificado -más de 1,2 millones de empleos- y arrastra al sector agroalimentario -dieta mediterránea-, a sectores industriales-farmacéuticos, tecnologías médicas, química, de construcción y materiales y a sectores terciarios con alto valor añadido -sociosanitarios, formativos, TIC, turismo o consultorías-.

En Cataluña a los recortes indiscriminados del Gobierno de CiU y la ausencia de un diálogo para el acuerdo están fracturando un pacto tácito que ha perdurado durante 30 años, gobernara quien gobernara.

Las bases para el Pacto de Estado Sanitario existen; ahora es tiempo de decisión política y de responsabilidad colectiva. El sistema sanitario es el servicio más valorado y con buenos indicadores objetivos de calidad, equidad y eficiencia. La crisis es una oportunidad para afianzarlo o una excusa para desmantelarlo.

Marina Geli es diputada del PSC en el Parlamento de Cataluña y exconsellera de Salud de la Generalitat de Cataluña.