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El 68% del fraude detectado en 2011 se concentra en IVA y sociedades

La lucha contra los incumplimientos fiscales aporta 10.400 millones

Los datos de la lucha contra el fraude en 2011 aportan un análisis rotundo de dónde se concentran los incumplimientos fiscales en España. De los 10.400 millones recuperados este año para las arcas públicas, el 68% proviene de dos impuestos con un perfil claramente empresarial: IVA y sociedades. Además, las grandes compañías (las que facturan más de 100 millones de euros al año) son responsables del 26% del fraude detectado, según explicaron ayer los responsables de Hacienda, encabezados por la vicepresidenta y ministra en funciones, Elena Salgado.

Aunque falta aproximadamente un mes para que la Agencia Tributaria disponga de cifras detalladas de 2011, la vicepresidenta ha querido ofrecer un avance antes de abandonar el puesto. Salgado admitió que, con el empeoramiento de la situación económica en los últimos meses, habrá "partidas de ingresos inferiores a lo estimado" que tendrán que verse compensadas con otras como esta del fraude fiscal, que aportará aproximadamente un punto al objetivo de déficit. Pese a las dificultades, la vicepresidenta insistió ayer en que la Administración central cumplirá su parte (desequilibrio del 4,8% del PIB), aunque eludió pronunciarse sobre el resto. Lo más probable es que los números rojos de las comunidades acaben descuadrando notablemente la meta conjunta del 6%.

Una pista del deterioro económico es la mayor petición de aplazamientos

Salgado admite que algunos ingresos serán inferiores a lo previsto

Los resultados del fraude prácticamente igualan los del año pasado (10.043 millones), aunque los 9.400 millones provenientes de actuaciones directas crecen un 10,6%, mientras los inducidos por esas actuaciones caen un 35%. Salgado subrayó que superar el récord del año pasado era ya "especialmente difícil", pues entonces la Agencia Tributaria se nutrió de ingresos excepcionales (entre ellos, los inducidos al destapar el fraude de los contribuyentes españoles con cuentas secretas en la filial suiza del HSBC y los derivados del cerco a los billetes de 500 euros impulsado en los años anteriores). El dinero recuperado mejora un 39% las previsiones de la Agencia Tributaria para este año, según las cifras que ofreció el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo.

Frente a la importancia del fraude atribuible a maniobras empresariales, el papel del IRPF es bastante residual en estas cifras. El 60% de las cantidades eludidas al fisco provienen del departamento de inspección (más centrado en la investigación), mientras que los incumplimientos en el impuesto sobre la renta se localizan en el departamento de gestión (dedicado principalmente a comprobaciones). Además, la mayor parte de las irregularidades detectadas en este impuesto, que se nutre principalmente de las nóminas de los asalariados, tiene que ver con empresas que no abonan sus retenciones, aseguran fuentes de la Agencia Tributaria.

También resulta muy ilustrativa del perfil del defraudador la deuda media liquidada del contribuyente sometido a control. Son 221.007 euros, una cantidad que supera el umbral de delito fiscal (cuota defraudada por encima de 120.000 euros) y que da idea de la cantidad de defraudadores que hay con cantidades astronómicas sustraídas al fisco. Los casos sospechosos de delito fiscal han disminuido respecto al año anterior, pero ha aumentado el importe reclamado hasta 846 millones.

Esta disección de las cifras condujo a Salgado a una reflexión: "Conviene pensar en una revisión a fondo del impuesto de sociedades". La vicepresidenta lanza ahora este deseo pese a que en su etapa al frente del Ministerio ha renunciado a abordarla (y no por falta de diagnóstico del problema existente en el tributo de sociedades, que se ha desplomado más que ningún otro, hasta representar un tercio de lo que aportaba antes de la crisis). Salgado vaticinó que esta figura -al menos la base imponible- se armonizará en el marco europeo, en línea con lo que ya han esbozado los líderes comunitarios, aunque de momento no lo han concretado.

Un indicio de que la crisis se ha agravado en el último año se encuentra en las cifras de aplazamientos. El año cerrará con 1,6 millones de aplazamientos solicitados, un 13,6% más que en 2010, explicó el director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer. Y las cantidades aplazadas alcanzarán los 15.000 millones de euros (cantidad equivalente al gran ajuste que anunció Zapatero en 2010 cuando recortó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de diciembre de 2011