Soberanía y autonomía
¿En qué consiste o, mejor dicho, en que puede consistir el ejercicio del derecho a la autonomía cuando la erosión de la soberanía del Estado llega al extremo al que está llegando en este momento en los países que están integrados en la Unión Europea y especialmente en aquellos que comparten el euro como moneda?
Este es el interrogante al que vamos a tener que dar respuesta en el inmediato futuro. El derecho a la autonomía se ha construido con el concepto de soberanía como punto de referencia. El principio de unidad política del Estado es el presupuesto de la titularidad del derecho a la autonomía y el límite del ejercicio de tal derecho. Las nacionalidades y regiones son titulares del derecho a la autonomía en cuanto partes integrantes del Estado español y únicamente pueden ejercer tal derecho de una manera que no ponga en cuestión la unidad de dicho Estado. Esto es lo que expresa de manera rotunda e inequívoca el artículo 2 de la Constitución, en el que se contiene la decisión política constitucionalmente conformadora de la estructura del Estado. Con base en dicha decisión hemos construido a lo largo de estos tres decenios largos el Estado autonómico. Con base en ella se han desarrollado las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo general de manera pacífica. Y con base en ella se han resuelto por el Tribunal Constitucional los conflictos que de muy de vez en cuando se han producido entre el primero y las segundas.
Esta decisión se ha visto afectada a lo largo de estos tres decenios largos y de manera progresivamente más intensa por el proceso de integración europea. Se vio afectada primero por nuestra integración en las Comunidades Europeas, después bastante más por el Acta Única y por la creación de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht y después muchísimo más tras la introducción del euro como moneda común. Ahora estamos en vísperas de un paso más, que política y jurídicamente puede suponer mucho más que todos los anteriores juntos.
Hasta el momento el ejercicio del derecho a la autonomía constitucionalmente reconocido ha podido iniciar su andadura e incluso echar raíces a pesar de la erosión que se iba lentamente produciendo en la soberanía del Estado español, pero ¿va a poder mantenerse tal como lo hemos venido ejerciendo en el inmediato futuro? La reducción que se está produciendo ya en la soberanía de los Estados que comparten el euro como moneda y que va ser todavía mayor en el futuro, ¿permite mantener incólume el derecho a la autonomía tal como lo hemos venido ejerciendo en estos últimos decenios?
Va a existir un control europeo de la soberanía de los Estados y ese control europeo, como no puede ser de otra manera, tiene que hacer abstracción de la distribución territorial del poder interna de cada Estado. Para la articulación política de los países de la Unión Europea, como mínimo para los que comparten el euro como moneda, cada Estado va a ser examinado como si el derecho a la autonomía no existiera. El Estado va a tener que responder por él y por las comunidades autónomas. Lo venía haciendo desde la incorporación a las Comunidades Europeas y, sobre todo, desde el Tratado de Maastricht y la puesta en circulación del euro, pero hasta que la crisis no ha dejado al descubierto las insuficiencias del proceso de integración, el control no ha tenido la intensidad que está empezando a tener y que va a tener todavía más en el futuro.
Nuestra fórmula de gobierno no puede seguir operando como si no pasara lo que está pasando y lo que va a pasar todavía más en el inmediato futuro. Ahora es cuando necesitaríamos tener un Senado que fuera de verdad la Cámara de representación territorial que define el artículo 69.1 de la Constitución.
