Fabra culpa de la crisis de las cajas al Banco de España

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se vio ayer obligado a hablar de dinero. Sobre todo, de dinero público que se ha perdido por mala gestión o que, en el peor de los casos, ha ido a parar a manos de pillos o de ejecutivos de dudosa profesionalidad.

Para la tercera sesión de control parlamentario a Fabra la oposición había preparado un paquete de preguntas incómodas sobre la desaparición del sistema financiero valenciano y el saqueo de Emarsa. Un trago que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, intentó hacer más llevadero con una pregunta almibarada sobre la valoración de los resultados electorales del 20-N cuyo objetivo era insuflar ánimos a Fabra y dormir a la oposición. Lo primero, probablemente, lo consiguió, pero lo segundo, no.

La oposición teme que el PP haga un paripé con Emarsa en la investigación

Barberá, que no fue al debate, dice ahora que la comisión le parece "fenomenal"

Interpelado por las intervenciones del Banco de Valencia y de la CAM, el presidente valenciano no dudó ni un segundo en responsabilizar al Banco de España de la situación de deterioro de las entidades financieras valencianas. Y ello pese a que la Generalitat tiene competencias de supervisión sobre las cajas de ahorros autóctonas. Fabra acusó al Banco de España de haber puesto "a los pies de los caballos" a entidades financieras de todo el país por haber hecho dejación de sus funciones de control.

El presidente eludió cualquier responsabilidad de la Generalitat en el control de las cajas. "Al Banco de España corresponde la labor de fiscalización, de regulación y de tutela de todas las entidades bancarias españolas", prosiguió Fabra, "que es quien tiene que decirles a los verdaderos responsables [de cada entidad] que la situación va por el mal camino. Y no lo ha hecho". "Busquen a los responsables donde están, que es en el Banco de España", sentenció el presidente de la Generalitat.

El portavoz socialista, Jorge Alarte, le recordó al jefe del Consell que la ley autonómica otorga la tutela sobre las cajas al Instituto Valenciano de Finanzas, que es el órgano que debe autorizar los sueldos y las indemnizaciones por cese de los altos cargos. Alarte remarcó que su partido exigirá responsabilidades políticas, pero "también las civiles y las legales" por lo sucedido en las entidades financieras valencianas. Y además, le recordó al presidente de la Generalitat que, como diputado, votó a favor de la exclusión del resto de grupos políticos en la renovación de los órganos de las cajas. "En seis meses ha desaparecido el sistema financiero valenciano gracias a la ocupación del PP de las cajas, la inversión en proyectos sin solvencia y la especulación en el ladrillo", dijo Alarte.

En el mismo sentido se expresó la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, que recordó que el Consell tenía "competencias para evitar el desastre" porque 48 de los 67 artículos de la ley de cajas valencianas están dedicados a la tutela de las entidades financieras.

Tras la interpelación sobre el sistema financiero valenciano, Compromís reclamó explicaciones sobre Emarsa. Un asunto del que el presidente se zafó con autoridad al aceptar que las Cortes creen una comisión para investigar el saqueo de la citada empresa. Hasta ahora, la investigación judicial sobre la firma pública que gestionaba en Valencia la depuradora más grande de España cuenta ya con 18 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios. Entre ellos figura un vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo, y otros cargos locales del Partido Popular en Valencia que, supuestamente, participaron en un fraude que podría superar los 30 millones de euros.

Fabra admitió: "Estamos sorprendidos y avergonzados y vamos a esclarecer todas las cuestiones". El presidente adelantó que su grupo apoyará la creación de una comisión de investigación parlamentaria, que el lunes pasado ya habían solicitado formalmente los socialistas, y que la Generalitat se personará como acusación popular en el pleito. "La creación de esta comisión, haciendo que quienes han metido la mano en la caja lo paguen, va a ser la mejor respuesta a los ciudadanos", aseguró Fabra.

Los grupos de la oposición reclaman que la comisión de investigación sobre el saqueo de Emarsa no se convierta en un paripé como ha ocurrido con otras comisiones de investigación del Parlamento valenciano.

Alarte exigió que la comisión se constituya "con urgencia" y que se depuren las responsabilidades políticas. También criticó que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "no haya dado todavía una explicación política porque son militantes del PP puestos a dedo por ella los que han llevado a cabo el saqueo". El portavoz de Compromís, Enric Morera, instó al Gobierno valenciano a recuperar el dinero "robado a todos los que pagamos el canon de saneamiento". "Aquí hay un bolso lleno de porquería", sentenció Morera, que criticó la ausencia en el debate de Barberá -que también es diputada autonómica- y reclamó al jefe del Gobierno valenciano que sea igualmente contundente en otros escándalos de corrupción. Marga Sanz advirtió de que el cambio de actitud del PP "puede ser una cortina de humo para aplazar responsabilidades".

Barberá, cuyo Ayuntamiento controlaba la mayoría del consejo de administración de Emarsa, calificó de "fenomenal" la decisión de que su partido aceptara la comisión de investigación. Hasta ahora la alcaldesa de Valencia, cada vez que se le preguntaba sobre el caso Emarsa, replicaba con una referencia a los encuentros en las gasolineras del ministro de Fomento, José Blanco. La pasividad de Barberá obligó a la dirección regional del PP a apartar del partido al dirigente local y exgerente de Emarsa Esteban Cuesta.