El PP impide despojar de privilegios a los expresidentes corruptos
Socialistas y Esquerra Unida apoyan la propuesta de Compromís
La sombra de Francisco Camps planeó ayer sobre el hemiciclo de las Cortes Valencianas. Sólo su sombra, porque el escaño que le corresponde permaneció vacío, como es habitual. La proposición de ley defendida por la diputada de la Coalició Compromís Mònica Oltra para modificar el estatuto de los expresidentes de la Generalitat de manera que sean automáticamente despojados de sus privilegios (ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu y disponer de despachos, asesores y coche oficial) cuando sobre ellos recaiga una sentencia firme por corrupción fue apoyada por los socialistas, que pactaron en su día el estatuto de expresidentes con el PP, y por Esquerra Unida, que está en contra de que los exjefes del Consell tengan prerrogativas. Las alusiones a Camps, que será juzgado por cohecho el 12 de diciembre, eran inevitables.
Marí Olano acusó a Oltra de querer suplantar el Código Penal
"Queremos retirar las prerrogativas a los delincuentes", justificó Oltra, que señaló que ya hay un exvicepresidente del Consell "delincuente", Víctor Campos, confeso y condenado en el mismo caso que Camps por aceptar dádivas, en forma de prendas de vestir, de la trama corrupta Gürtel. "Si condenan a Camps", prosiguió la diputada, "¿qué les van a decir a los valencianos? ¿Que conserva sus privilegios alguien que no ha mantenido el decoro y la dignidad en su cargo?". Oltra añadió que su iniciativa no cuestionaba a los presidentes "honrados" sino a los "deshonrados" y que no hay que confundir privilegios con derechos.
Esta última afirmación era una respuesta al diputado del PP José Marí Olano, que acusó de oportunismo a Compromís, elogió el estatuto de los expresidentes, que recordó que fue pactado por los dos grupos mayoritarios en 2002, y acusó a Oltra de pretender "lisa y llanamente establecer una pena no prevista en el Código Penal".
La socialista Cristina Moreno reclamó para su grupo la coautoría del estatuto de expresidentes, concebido como un "símbolo de respeto". "Un símbolo", añadió, "del que es inconcebible que un delincuente pueda ser receptor". Moreno apoyó la iniciativa de Compromís y apuntó: "Cuando se elaboró el estatuto nadie podía prever que veríamos a un expresidente sentado en el banquillo acusado de cohecho". La diputada retó al PP al afirmar que votar en contra de la proposición supone "seguir aplaudiendo la corrupción y renunciar al buen nombre de la Generalitat".
Desde una postura distinta, Marina Albiol, de Esquerra Unida del País Valencià, que se mostró contraria a la existencia de prerrogativa alguna para los expresidentes, coincidió en apoyar la iniciativa de Compromís para que el "diputado ausente", como se refirió a Camps, no cobre más de 57.000 euros al año, disponga de despacho, secretaria y chófer.
Hasta ahora, Camps es el único expresidente que ha hecho efectivos los privilegios previstos en el estatuto.
La PAC, la CAM, los municipios y el arquitecto
A lo largo de la mañana, el Consell estuvo representado únicamente en el pleno de la Cortes por la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, y la consejera de Agricultura, Maritina Hernández. Esta última tenía sus razones para no hacer novillos, ya que la Cámara aprobó, con la sola abstención de los diputados de Esquerra Unida, una proposición no de ley impulsada por los populares, que pactaron una transaccional con Compromís, para criticar la reforma prevista de la Política Agraria Comunitaria (PAC) porque perjudica al campo valenciano. Fernando Giner, del PP, y Vicenta Crespo, del PSPV-PSOE, intercambiaron alusiones. Si Giner acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de "débil" ante la Comisión Europea, Crespo defendió la actuación de la ministra Rosa Aguilar, que ha enmendado la propuesta "a la totalidad", recordó al PP que ahora la pelota está en su tejado y esperó que Mariano Rajoy "dé la talla".
A Sánchez de León se refirió el socialista Óscar Tena cuando recriminó al Consell que no se haya creado el Fondo de Cooperación Municipal y acusó al PP de "no pagar a nadie, ni a los Ayuntamientos". Toda la oposición exigió la puesta en marcha y la dotación del fondo, pero los populares rechazaron la proposición. Ricardo Costa esgrimió para hacerlo la deficiente financiación por parte del Gobierno.
Mireia Mollà, de Compromís, trató sin éxito de que las Cortes instaran al Consell a personarse como acusación particular en la investigación que la Audiencia Nacional ha abierto a la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós. Obtuvo el apoyo de Esther López, de Esquerra Unida, y del socialista Francisco Toledo, pero el PP se amparó en que ya se acordó crear una comisión de investigación sobre el escándalo de la caja alicantina. El popular Vicente Betoret anunció para el próximo día 16 la constitución de la mencionada comisión, mientras que Toledo dejó caer que en el desastre de la CAM puede haberse producido incluso "falsificación de cuentas".
Tampoco Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, pese al apoyo de los otros grupos de la oposición, pudo sacar adelante la propuesta de revisar los proyectos encargados al arquitecto Santiago Calatrava y recuperar, si es posible, los enormes sobrecostes pagados por la Generalitat. El popular Jorge Bellver acusó al diputado de tener "una obsesión con Calatrava" y Blanco respondió que "la obsesión la tiene Calatrava por el dinero de los valencianos".
