Cierval pone la dimisión del líder de Coepa como ejemplo a seguir

El presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González, aplaudió ayer la decisión del líder de los empresarios alicantinos (Coepa), Rafael Martínez Berna de dimitir del cargo tras ser multado por supuestamente amañar contratos. González, que participó en una jornada sobre riesgos laborales organizada en Castellón, consideró "digna de admiración" la dimisión irrevocable presentada el jueves por el empresario alicantino y defendió que debería "servir de ejemplo para otros".

El pronunciamiento de González se produce apenas unos días después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tildara la dimisión de Martínez Berna de "responsable" y valorara que el empresario no quisiera enturbiar con sus asuntos a la organización empresarial que dirigía. Ayer, en la misma línea, el presidente de la patronal autonómica también tuvo palabras de respaldo para Martínez Berna, al que calificó de "gran presidente" y de persona "importante" en el mundo empresarial y organizativo de la Comunidad Valenciana. "Es un gran empresario, un gran dirigente empresarial y ha hecho lo que él consideraba que es más conveniente, para él personalmente, para sus empresas y para la propia institución de Coepa", aseguró.

"Los focos se han centrado en él y eso no es agradable", asegura González

Para el líder de Cierval, la dimisión presentada hace unos días "es digna de admiración, pues no le ha costado nada irse cuando ha creído que debía irse y, a lo mejor, debía de servir de ejemplo para otros", sugirió. González no fue más allá en su declaración.

Martínez Berna presentó su dimisión un mes y medio después de que la Comisión Nacional de la Competencia multara a Constructora Hormigones Martínez, junto con una cuarentena de empresas más, por supuestamente amañar los contratos de obra pública. La multa a Constructora Hormigones Martínez (CHM) ascendió a 5.005.380 euros, a los que se unieron 288.340 euros más de multa a su filial Padelsa Infraestructuras, SA, por el mismo motivo. Martínez Berna recurrió la sanción ante la Audiencia Nacional pero un mes después presentó su renuncia a seguir al frente de Coepa tras poco más de dos años y medio en el cargo.

Preguntado acerca de la posible influencia en la renuncia de Martínez Berna de la sanción impuesta por Competencia, González vinculó claramente ambas cuestiones: "Claro que tiene que ver". El dirigente argumentó que "hay que tener en cuenta que la apertura de esa investigación, que no es firme todavía, es sobre 43 empresas", pero "los medios de comunicación solo han hablado sobre la empresa del señor Martínez y naturalmente los focos se han centrado en él, y eso es algo que no es agradable", apostilló.

Martínez Berna también se ha visto salpicado por uno de los escándalos de corrupción que se investigan en la actualidad y que afectan a políticos y empresarios de la Comunidad Valenciana. Hormigones Martínez, de hecho, es una de las firmas supuestamente relacionadas con la financiación ilegal del PP valenciano, según el sumario del caso Gürtel. La investigación de este caso derivó también en la dimisión del expresidente del Consell Francisco Camps, que se sentará en el banquillo el próximo 12 de diciembre por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama corrupta. Pero la lista de imputados en las filas del Consell es mucho más larga y recientemente sumó tres nuevos altos cargos del Ejecutivo valenciano.

El segundo caso de corrupción que azota la vida política y empresarial autonómica está en el sur de la Comunidad. El caso Brugal está dividido en distintas ramas, de las cuales las investigaciones sobre la trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Orihuela; la contrata del Plan Zonal de La Vega Baja y el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante cuentan con una cincuentena de acusados. Entre los imputados está el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que la semana pasada dimitió de la presidencia del PP alicantino.

El fiscal también acusa a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al exregidor de esta ciudad Luis Díaz Alperi, por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Castedo y Alperi, ambos del PP, son aforados al ser diputados autonómicos y por esta condición su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

Entre los imputados en el caso Brugal también se encuentra el empresario Enrique Ortiz, contratista del Ayuntamiento del Alicante.