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España se queda sola en su rechazo a una nueva política agraria de la UE

La propuesta europea divide al Ministerio de Medio Ambiente

España se ha quedado prácticamente sola en su oposición total a la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en las primeras negociaciones celebradas por los ministros comunitarios de Agricultura. Frente a las posiciones defendidas por el resto de los países miembros con un rechazo a la propuesta, pero con una posición abierta a la negociación, la ministra Rosa Aguilar ha encabezado las posiciones más radicales reclamando una enmienda a la totalidad.

La postura de la ministra no es, sin embargo, compartida por expertos y otros altos cargos de su propio departamento para quienes la propuesta debe ser una base de partida para negociar, con aspectos positivos y otros que se deberían modificar. En contra de la posición de la ministra, se estima que la propuesta de reforma es positiva porque mantiene las ayudas PAC hasta 2020 y, en el caso de España, porque asegura unos fondos casi iguales a los actuales.

A partir de estos puntos básicos, se considera necesario desarrollar un proceso de negociaciones. Entre los puntos a mejorar destacan cuestiones como la definición de activos para que las ayudas vayan prioritariamente a los profesionales, una mejora de los mecanismos para regular los mercados o un cambio en los criterios para definir lo que es política verde para recibir el 30% de las ayudas en función de las condiciones de cada país, zona o cultivo.

En relación con la propuesta de reforma, Estados importantes perceptores de ayudas como Alemania o Francia (España es el segundo beneficiado) mantienen una posición de rechazo a la misma, pero con planteamientos abiertos a la negociación para el paso de un modelo de ayudas de pagos por derechos históricos, a pagos por hectárea. Desde países del norte de la UE, la oposición a la propuesta sería por considerar elevado el montante de los recursos. Finalmente, desde los países que perciben en la actualidad las menores ayudas se reclama que el proceso de equiparación de pagos entre Estados sea más intenso.

La posición de rechazo total de la Administración española encabezada por Rosa Aguilar sorprende en medios de la Comisión por cuanto que España es uno de los países que había presentado menos trabajos e iniciativas en la fase de elaboración de la propuesta.

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