Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El TSJA revoca el traspaso de 1.500 trabajadores a una agencia

La reordenación del sector público sufre un nuevo varapalo

La reordenación del sector público previsto por la Junta sufrió ayer su segundo varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El alto tribunal andaluz ha revocado la integración de más de 1.500 empleados de la antigua agencia pública Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) y los consorcios Utedlt en la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). "Este personal laboral de fundaciones públicas estaba picando al entrar y salir como funcionarios de la Consejería de Empleo y les habían quitado la extensión ext [que indicaba que eran trabajadores externos] en el correo electrónico. La sentencia para ellos es un chasco brutal. Ahora están en un limbo porque no pueden estar de derecho en el SAE y la FAFFE ha desaparecido", explica un funcionario que pide el anonimato.

El alto tribunal ve en la integración un "desprecio al Estado de Derecho"

La denuncia contra la medida venía motivada porque supuestamente no se habían respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad para la integración de "entre 1.600 y 2.000 trabajadores", según los colectivos, postura que comparte el TSJA. El alto tribunal censura los métodos utilizados por la Junta para trasladar a estos empleados de un organismo a otro: "Sin respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución (...) un sistema de selección que respetará los principios de publicidad, mérito y capacidad. Ello supone más que una huida del derecho administrativo (...) un desprecio al Estado de Derecho", censura la sentencia, contra la que no cabe recurso. El fallo corrige la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Sevilla, que dio la razón a la Junta.

La misma sala ya anuló parte del decreto de integración del personal del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un nuevo organismo creado tras la reforma del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores.

Ahora el alto tribunal critica que la Administración haya integrado en un "único cuerpo legal básico las normas principales que se aplican a los empleados públicos sean funcionarios o personal laboral (...) porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad".

Los servicios jurídicos de la Junta analizan ahora el varapalo judicial. En una nota, la Consejería de Hacienda y Administración Pública recordó que "la agencia está obligada a subrogarse en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo del personal procedente de Faffe y de las Utedlt".

Por su parte, el abogado de la asociación denunciante Al Andalus, Mariano Aguayo, apuntó: "La sentencia impide a la Junta continuar con el proceso de integración. No tiene facultades de interpretar la sentencia, que es clarísima y dice que se han apartado del procedimiento legal para la reordenación de la función pública. Le ordena parar de inmediato el sistema escogido".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de noviembre de 2011