La Xunta podrá eximir de evaluación estratégica a piscifactorías y eólicos

La puerta queda abierta. Un informe de la consellería con competencias ambientales, en la actualidad la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, será suficiente para eludir el sometimiento obligatorio de los proyectos sectoriales al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Piscifactorías y parques eólicos son dos de las infraestructuras que pueden quedar así exentas del principal blindaje ambiental que prevé la legislación.

La evaluación estratégica era hasta ahora obligatoria para todos los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. Desde 2007, con la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio que aprobó el bipartito, quedaban exentos los proyectos que desarrollasen planes sectoriales que ya hubiesen sido sometidos al proceso de evaluación estratégica, con el objetivo de evitar duplicidades. La opinión de la Xunta de Feijóo es que ese objetivo no se ha logrado, así que aprovecha la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2012 para permitir que se eluda el trámite ambiental con un simple informe motivado.

La consellería que dirige Agustín Hernández argumenta que la afectación física sobre el territorio de los proyectos sectoriales es "necesariamente reducida", al circunscribirse "al ámbito o espacio ocupado por una concreta intervención". Y agrega que lejos de evitar redundancias, la modificación que estableció el bipartito trajo consigo "una innecesaria duplicidad de trámites ambientales", en referencia a la evaluación de impacto necesaria en cualquier proyecto.

A todos estos motivos, Medio Ambiente añade otro de tipo económico. Como esos proyectos ya deben contar con declaración de impacto ambiental, y a pesar de que esta es más laxa que la evaluación, la consellería afirma que pretende "evitar el consiguiente malgasto de recursos públicos empleados en dicha tramitación duplicada". Ante ello, "se propone que el órgano ambiental pueda decidir si debe aplicarse o no la evaluación ambiental", para lo que se basará "en la relevancia estratégica del proyecto sectorial en cuestión".

La opinión de los grupos ecologistas es bien distinta de la de la consellería. Adega, por ejemplo, considera el cambio "otro machetazo a la maltrecha legislación ambiental". "Una piscifactoría que no está incluida en el Plan Sectorial de Acuicultura, como sería el caso de la planta Touriñán, quedaría exenta", asegura la organización. No solo la de Touriñán. La Xunta podría impulsar cualquier otra si la tramita al margen del Plan Acuícola, que en la actualidad está siendo sometido precisamente a evaluación ambiental.

Los técnicos no ven los cambios con malos ojos, pero temen que se haga un mal uso de la modificación legislativa. "Como suele ocurrir, no se trata tanto de lo que dice la ley sino de cómo se aplica", sostiene Leticia Bas, del grupo de investigación en EAE de la Universidad de Vigo. "En principio lo veo bien, evita duplicidades y deja un margen de flexibilidad para decidir si un proyecto se somete o no a evaluación ambiental estratégica". Otra cosa es cómo se pone en práctica. "Los desarrollos de ordenación territorial son caóticos, con proyectos que se anteponen y planes que prevén desarrollos que ya están hechos", lamenta Bas.

Además de este cambio, la Xunta ha aprovechado la ley de acompañamiento de los Presupuestos para eliminar una categoría de protección ambiental, la de evaluación de efectos ambientales. El argumento de la Consellería de Medio Ambiente es que su carácter es "residual" "carece de justificación material" y supone una "innecesaria multiplicación del catálogo de procedimientos ambientales".