40 jubilados extranjeros denuncian una trama para estafarles sus ahorros

Todo empezó con un bulo difundido entre británicos asentados en las zonas costeras que aseguraba que la fiscalidad española era tan severa que el Estado se quedaría con sus casas cuando murieran porque sus herederos no podrían pagar los impuestos. Corría 2002 y comenzaron a proliferar chiringuitos financieros que organizaban partidas de golf o fiestas en las que les ofrecían productos financieros para evitar esta situación.

Unos 40 de estos jubilados extranjeros están hoy pleiteando con nueve bancos, ninguno español, a los que deben pagar fuertes sumas de dinero si no quieren perder sus casas. El lunes interpusieron una querella en la Audiencia Nacional y pidieron que los contratos, firmados en España, queden en suspenso.

Los afectados aseguran que les convencieron para que hipotecasen las casas que tenían en la costa andaluza, Levante, Baleares o Canarias, para esquivar el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. El plan era pedir un préstamo hipotecario con cargo a la propiedad y después enviar ese dinero a un paraíso fiscal, principalmente Luxemburgo. Así cuando murieran, la vivienda figuraría como pendiente de pago y el heredero debería pagar menos.

El dinero se invertiría y con el beneficio pagarían las cuotas. Pero las inversiones salieron mal y perdieron entre el 30% y el 70% del capital.

Los afectados han formado la Asociación de Víctimas de la Hipoteca Inversa. "Pensaban que era planificación fiscal para ahorrar dinero. Para captarles invocaban legislación española sesgada o nombres de despachos punteros", explica Antonio Flores, abogado que les representa. La cantidad supuestamente estafada ronda los 20 millones, según cálculos del despacho marbellí Lawbird. Flores estima que en España hay 500 afectados que podrían haber perdido 250 millones. Unos 200 ya han denunciado su situación en diferentes juzgados.

La querella acusa a los agentes inmobiliarios y a los nueve bancos de publicidad engañosa, estafa o delitos contra la Hacienda Pública, entre otros. Entre los implicados está el Danske Bank, uno de los más importantes de Dinamarca; Landsbanki, en quiebra; o Roschild, cuyos colaboradores figuraban en las listas negras de entidades no autorizadas para intermediar en la venta de productos financieros.