Alcaldes de todas las siglas alertan de que peligra la ayuda a domicilio
El recorte de la Xunta obliga a algunos municipios a suspender servicios
"Puede ser una reducción muy pequeña en los presupuestos de la Xunta, pero tiene un efecto catastrófico". Lo que afirma el alcalde nacionalista del ayuntamiento ourensano de Vilar de Santos, Xoán Xosé Jardón, se repite en las bocas de regidores de cualquier signo político cuando se les menciona el Plan Concertado, fondos aportados por la Xunta en su mayoría pero también por el Estado y los municipios con los que se atiende a los dependientes y a las personas que, por edad, falta de salud o soledad, necesitan ayuda en su día a día. El dinero que casi a año vencido reciben los ayuntamientos se recortó este ejercicio en un 5%. Ese es el porcentaje que admite la Consellería de Benestar, que pagará en 2011 44,6 millones a los municipios, tres menos que el pasado año. La merma de fondos afecta sobre todo a la atención a domicilio con la que se asiste a personas que no tienen aprobado aún su programa de atención a la dependencia o gente que, sin llegar a casos tan extremos, necesitan ayuda y a determinados programas municipales como los de integración de inmigrantes o vejez activa. Las fuerzas en la oposición denunciaron que la media de recorte alcanza el 80% o el 70%, según el partido. En algunos casos, como el de Amoeiro, llega al 93%.
"Puede ser un recorte pequeño, pero con efectos catastróficos", dice un alcalde
Campo Lameiro ha suspendido el servicio de atención hasta final de año
Los alcaldes, sin embargo, no tragan con admitir recortes en los servicios sociales y menos, dicen, en los que prestan los ayuntamientos pero que son competencia de la Administración autonómica.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) estudia presentar un recurso administrativo o jurisdiccional motivado por las "quejas muy generalizadas" que, por escrito o a viva voz, les han trasladado alcaldes de todos los partidos. El presidente en funciones de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, explica que van a analizar si se pueden agarrar al texto de la convocatoria del plan, que les asegura una cantidad similar a la que recibieron el año anterior, para reclamar. La Diputación de Lugo ha puesto su gabinete jurídico a disposición de los ayuntamientos que lo soliciten, mientras que la de Ourense con Baltar a la cabeza aprobó por unanimidad una propuesta contra "el brutal recorte social de la Xunta". Y muchos municipios ya han pedido una reunión a la Consellería de Benestar. "Hay prioridad en la prestación de servicios y los sociales están por encima de todo. Prefiero que no me hagan un kilómetro más de carretera y que atiendan a mis mayores. Creo que eso lo piensan el 99% de los alcaldes", explica el regidor de Muíños y portavoz del PP en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, cuyo ayuntamiento no es de los más afectados.
Prioridad es también la palabra que más usan la decena de alcaldes consultados y otros responsables municipales que han ido valorando el recorte en sus ayuntamientos a lo largo de las últimas semanas. Es el caso de la capital gallega, donde esperaban recibir 190.000 euros y tendrán que afrontar el servicio con 33.000. "Tengo el compromiso del alcalde [Gerardo Conde Roa, del PP] de que se sacará el dinero de donde sea para mantener este servicio, que se considera prioritario", indicaba la concejala Paula Prado la pasada semana. Otro municipio de los grandes, Pontevedra, ingresará un 85% menos de lo estimado. De los 220.000 euros que aportaba la Xunta en la atención en domicilio -el ayuntamiento pone otro tanto- se quedaron en 25.000. Ahora atienden a 117 personas, pero tienen a otras 50 en espera. "No están eliminando una subvención cualquiera, sino un servicio", afirma la concejala Carmen Fouces. Ahora trabajan ya sobre el presupuesto del próximo año pensando que deberán ofrecer el servicio con la mitad del dinero. "Intentaremos redimensionar, reducir, repartir lo que tengamos, pero no queremos eliminar".
Y con esa intención se mantienen también los municipios más pequeños. Muchos alcaldes de zonas rurales, con población envejecida y, por tanto, muchos usuarios de la atención a domicilio, hacen números. Lo que han gastado este año no lo pueden recuperar ya y buscan reducir partidas menos importantes, dicen. En algunos casos, como el de Piñor -pasaron de 15.000 a 2.400 euros-, buscan soluciones para pagar créditos. En el municipio ourensano lo pidieron de 150.000 euros para pagar, entre otras cosas, el sueldo de dos trabajadoras de la atención a domicilio. Por ahora el alcalde hace los ajustes que puede pero el regidor socialista Francisco Fraga admite que mantener el servicio en 2012 "es muy complicado". El gobierno socialista de Becerreá -de 17.000 a 4.500- acordó advertir a la consellería que el próximo año no se responsabilizarán de dar el servicio de atención a los dependientes que, ya valorados, estén todavía sin un plan de atención individualizada. Es a través de esta prestación básica cuya cuantía redujo la Xunta con la que se cuida a los dependientes hasta que tienen aprobada su resolución. El alcalde popular de Campo Lameiro - percibió un 10% de los 18.000 que solían percibir- anunció esta semana que suprime hasta fin de año el servicio que atendía a 15 mayores porque las arcas municipales no dan para más.
La inquietud ahora es qué sucederá en 2012. "Esto hay que decidirlo ya", pide Jardón. En Vilar de Santos ya han reconfigurado las horas de atención hasta diciembre para mantener vivo el servicio con un 77% menos de fondos. "En 2012 prefiero no hacer obras, pero a la gente hay que atenderla", dice, antes de admitir que no sabe qué pasará con las dos trabajadoras del programa Axuda no fogar que tiene el ayuntamiento. En Piñor, el alcalde considera que volver a dar el servicio el próximo año será "muy complicado". "La gran incógnita es 2012", concuerda el alcalde popular de A Rúa, donde la reducción es del 13%. El regidor de Manzaneda (BNG) piensa también en las 23 personas que tiene en lista de espera, cuando el dinero del Plan Concertado de 23.900 euros se estiraba para atender a 12. Ahora, con los 2.400 que recibirá el ayuntamiento, el alcalde no sabe qué hará el próximo ejercicio. "En la ciudad hay más servicios, pero aquí no hay nada. Hay mucha gente mayor que vive sola, con signos de abandono... Cómo no los vamos a atender".
La atención a minorías se esfuma
Si conservar la atención en domicilio bien vale una reestructu
ración de las cuentas del próximo año, muchos otros programas complementarios se terminarán este año. Para ellos, no hay recortes, sino liquidación. En Vilaboa, la comunidad de magrebíes y otros inmigrantes contaban con un programa de integración en el que trabajaba un intermediador cultural. Para ese trabajo tenían destinados 18.000 euros que se quedan a cero. Es decir, desaparece el programa. Tampoco los mayores tendrán cursos de envejecimiento activo (de 15.000 euros a cero) en Vilaboa ni en muchos otros ayuntamientos. Ni gimnasia de mantenimiento ni taller de memoria en Vilar de Santos. En Piñor ya no se impartió este año. "Entiendo que para eso no hay dinero, pero para la dependencia, ¿cómo hacemos con esa gente?", cuestiona el alcalde.
El Ayuntamiento de Pontevedra dispondrá de un 14% menos de dinero para el tratamiento de conductas adictivas, mientras que la aportación autonómica para el plan de integración escolar para niños gitanos se desvanece al 100%. La concejala denuncia que la Xunta suma en reducciones para servicios sociales 450.000 euros en lo que va de año.
Algunas iniciativas, como el Xantar sobre rodas de Muíños, se mantienen activas "sin ayudas de la Xunta desde hace años" y así piensa mantenerla el alcalde. "Es muy valorado por los vecinos. Es llevarle comida pero también hacerles una visita diaria". Cada día desde hace tres años, dos coches reparten los menús a 68 mayores de su municipio.
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