La patronal arremete contra el Gobierno por el bloqueo del naval
CIG reclama una solución urgente que no pase por la aprobación de Bruselas
Una solución a la francesa. Es lo que piden los empresarios gallegos para desbloquear ante la UE la financiación naval a cierto tipo de buques. Quieren que el problema del llamado Tax Lease, que permite bonificaciones a los armadores y a las entidades que estructuran la financiación de los barcos, esté en la agenda política durante la campaña electoral que arrancó ayer. La opción de que España adopte transitoriamente un sistema parecido al francés es la que ahora defiende la patronal, agrupada en la asociación Asime. "El Gobierno no llevó el asunto con toda la firmeza necesaria", aseguró ayer su presidente, Julio Gómez, a Europa Press. "Si hubiera habido la misma firmeza que con el carbón el asunto estaría resuelto hace tiempo", aseguró ayer, rodeado de dirigentes empresariales, como el presidente de Confemetal, Javier Ferrer.
Los empresarios comparan el problema con el decreto del carbón
Los sindicatos también acusan a Madrid. "No nos engañemos, esto es un problema de voluntad política. Si el Gobierno quiere, puede adoptar transitoriamente un esquema de financiación que no dependa de Europa". Para César Rodríguez, responsable de la federación del Metal de la comarca de Vigo en CIG, el problema no se está asumiendo con la gravedad necesaria. "Lo que no se puede es negarnos una herramienta con la que se contratan el 90% de los buques. Se está dejando morir al sector".
Pero han pasado meses desde que hizo aguas el naval gallego y puede que pasen unos cuantos más hasta que llegue la solución. "No puedo ni imaginar que sean seis u ocho", lamenta el presidente de Asime. En ese plazo el problema alcanzaría la condición de "drama para el naval".
Pese a que los mensajes catastrofistas lo enfocan en Europa, el sector tiene otros problemas que cierran el círculo vicioso de la crisis. El astillero Barreras, con sus gradas vacías, tiene cuatro precontratos firmados y solo uno de ellos depende de la solución comunitaria. El fondo de garantías de la sociedad Pymar, que hasta ahora era el granero donde los astilleros conseguían avales para poner en marcha sus contratos, se ha quedado seco. "¿Qué banco te da hoy los cien millones que necesita un sísmico?", se pregunta un pequeño empresario del sector. El astillero Freire está a punto de realizar las últimas entregas y Metalships sobrevive con un único pedido. Los que están en suspensión de pagos, Barreras y Vulcano, no pueden salir del atolladero sin un plan de contratación.
La Xunta se ha apresurado a anunciar que presentará su propia propuesta sobre la financiación: "Galicia volverá a hacer el trabajo del Gobierno", atacó ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo. "Hace meses que el Ministerio niega y oculta que Europa no acepta el sistema", añadió. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, daba por hecho un visto bueno del comisario de la competencia, Joaquín Almunia, hace apenas dos meses.
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