Consenso político para pagar los vagones del tranvía de Jaén en 40 años

Al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén se le acaban los argumentos para no reactivar el tranvía, paralizado desde el pasado mes de mayo cuando estaba en pruebas. Si el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ha justificado hasta ahora que el tranvía estaba parado por orden judicial tras la supuesta denuncia de la empresa de los autobuses urbanos por competencia desleal, un juzgado ha desmontado esta teoría al dictaminar la caducidad del mencionado recurso toda vez que la demanda en cuestión no se llegó a interponer.

A ese varapalo jurídico, que refuerza las sospechas de una estrategia dilatoria entre la concesionaria de los autobuses y el PP, se une ahora la moción aprobada ayer por el pleno del Ayuntamiento para modificar la refinanciación de los cinco vagones del sistema tranviario, cuyo dinero adelantó la Junta de Andalucía. El PP, con el apoyo de PSOE e IU, ha planteado que la amortización de los vagones pase de 17 a 40 años, con un periodo de carencia de cinco años en el que el Consistorio no pagará nada. Esto permitirá que las cuotas anuales pasen de más de dos millones a unos 500.000 euros. La Junta adelantó 15,5 millones por los vagones del tranvía, pero el Consistorio debe asumir también otros 14 millones por su mantenimiento.

Desde la Consejería de Obras Públicas y desde la oposición se acepta el nuevo periodo de pago con la condición de que el tranvía se ponga en marcha "de forma inminente". El PP también aprobó ayer el plan de autoprotección del nuevo sistema de transporte, mientras que quedan pendientes la ordenanza tarifaria así como el reglamento de derechos y deberes de los usuarios.

De otro lado, el PP sacó adelante ayer la modificación de las ordenanzas fiscales que, a juicio del edil de Hacienda, Miguel Contreras, suponen que los impuestos y tasas municipales tan solo subirán de acuerdo al IPC. Sin embargo, el grupo socialista criticó que la supresión del 50% de la bonificación por domiciliación de los tributos va a conllevar una subida impositiva en el 55% de los recibos del IBI, el IAE y el Impuesto de Vehículos. El edil socialista Francisco Rodríguez Cohard dijo que es "especialmente grave" la eliminación de la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, que va a suponer una subida del 1.900% para obras de especial interés cultural o que incorporen energías renovables, del 100% en viviendas de protección oficial y del 900% en obras que faciliten la vida a las personas con discapacidad.