Sanidade endurece por ley las condiciones de la asistencia pública a los inmigrantes

Como empieza a ser costumbre, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos cabe de todo. Desde nuevas cargas económicas a través de reformas tributarias a recortes sanitarios, como el que figura en el artículo 30 del proyecto que hoy aprobará el Consello de la Xunta. Desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2012, quedará restringido el artículo de la Ley de Salud que regula los titulares de derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, de forma que será necesario llevar más de 183 días empadronado en un ayuntamiento de Galicia para beneficiarse de la asistencia que presta el Servicio Galego de Saúde (Sergas).

El Consello Económico e Social de Galicia (CES) ha sido el primer órgano en dar la voz de alarma ante lo que considera "un alejamiento de la idea de la sanidad o asistencia sanitaria como derecho básico y universal". En su preceptivo informe, el organismo que preside Corina Porro considera que el nuevo artículo "supone un recorte respecto de la situación actual". La ley permite beneficiarse de la sanidad pública a las parejas de los empadronados o si radica en Galicia la base de los intereses económicos.La exposición de motivos de la ley ómnibus en que se ha convertido la de acompañamiento de los Presupuestos zanja en seis líneas las restricciones a la sanidad pública, que afecta a los inmigrantes. Se trata de "aproximar" el concepto de residencia en Galicia al que rige en la normativa tributaria, "al objeto de evitar el fraude en la declaración sobre el Estado miembro donde reside el usuario de los servicios".

Hernández elimina de un plumazo una categoría de protección ambiental

Pero, como ocurrió el año pasado, la ley abarca mucho más. En materia sanitaria, por ejemplo, introduce dos artículos que restringen los servicios farmacéuticos. De un lado, faculta a la consellería a autorizar mínimos de servicios de urgencia en las zonas rurales inferiores a los establecidos con carácter general. La medida afecta a las zonas con tres o menos oficinas de farmacia que no dispongan de Punto de Atención Continuada (PAC). El Consello Económico e Social resalta que, con la tendencia actual a la concentración de los PAC, "los usuarios de los núcleos más aislados podrían quedar sin el servicio de farmacia de guardia", por lo que se verán obligados a desplazarse. "Se dejaría claramente la puerta abierta a no garantizar la prestación justamente a un colectivo social o a unas áreas geográficas que requieren medidas de apoyo, no de negación -por la vía de los hechos-, de acceso a un servicio importante", advierte el CES.

La otra disposición relacionada con las farmacias es una modificación de la ley para eliminar la obligación de mantener un servicio propio de dispensación de medicamentos en los centros de 50 o más camas, umbral que se eleva al centenar. Esta medida, advierte el informe del CES, "no debería justificarse tan solo con criterios económicos", como argumenta la exposición de motivos, ya que la asistencia sanitaria requiere "criterios de calidad y suficiencia asistencial". El nuevo artículo tendrá un impacto directo en la reducción del empleo.

También la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras introduce cambios legislativos relevantes. Así, por ejemplo, deroga por completo la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, de 1997, y la normativa que la desarrolla, sin más compromiso que el de adoptar una nueva disposición legal con rango de decreto en el plazo de un año. La consellería que dirige Agustín Hernández también elimina de un plumazo una categoría de protección ambiental en vigor desde 1995, la de evaluación de efectos ambientales, lo que según el CES deja "una cierta laguna legal". Medio Ambiente permite además que se libere de la exigencia de la evaluación de impacto ambiental a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.

Por si fueran pocos cambios, la ley introduce "nuevas cargas económicas a la ciudadanía y al tejido empresarial" con la creación de nuevas tasas y la revisión al alza de otras ya existentes.