La confesión de Pérez Peña desata la búsqueda de pactos en el 'caso Malaya'

El interés del juicio del caso Malaya se ha desplazado de repente desde la sala donde desarrolla la vista oral hacia las bambalinas. La decisión, absolutamente inesperada, del empresario burgalés Ismael Pérez Peña, de admitir que en septiembre de 2005 pagó 180.100 euros al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de una rebaja sustancial en la pena que le pide el fiscal -de 11 años de prisión a dos años y tres meses sustituibles por una multa- ha suscitado la inquietud del resto de procesados.

Según fuentes judiciales, en un curioso efecto dominó, "varios" de los 53 acusados que se sientan en el banquillo en la cuarta y definitiva fase del juicio, se han mostrado proclives a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. En las próximas jornadas del juicio es probable que se conozca el resultado de estas negociaciones discretas.

Los acuerdos agilizarían el proceso, cuyo fin se espera para marzo

Roca, cerebro de la trama, no figura entre los que se han interesado

La confesión de Pérez Peña, empresario que durante los años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella abasteció de vehículos al parque móvil municipal, pone en una situación comprometida a muchos de los procesados. Entre los más afectados por la declaración figuran el propio Roca o la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe, que, según el empresario, recibió cuatro coches como regalo entre 2004 y 2005, coincidiendo con diferentes momentos del concurso para la concesión del servicio de grúa municipal, al que aspiraba Pérez Peña.

Según fuentes conocedoras de los contactos, el tribunal que juzga el caso Malaya desde septiembre de 2010 -mañana se cumple la sesión número 99 del juicio- ve los posibles pactos con buenos ojos. Un acuerdo de conformidad permitiría, por un lado, agilizar el desarrollo del juicio, que, según los ritmos actuales, quedará visto para sentencia en marzo de 2012. Por otro lado, el pacto tendría una consecuencia jurídica inmediata: la trama de corrupción en Marbella quedaría oficialmente probada -al menos en el caso de los que reconozcan su culpa- y se avanzaría en la ejecución de la sentencia, con el cobro de las multas, cuyo importe se podría emplear para resarcir al Ayuntamiento de Marbella. Un abogado personado en el caso glosaba ayer las virtudes de un buen pacto: "Con el tiempo que se ahorran no teniendo que venir al juicio algunos procesados ganan el dinero para pagar la multa que les puedan imponer".

Entre los procesados que han explorado posibles pactos con la fiscalía no figura, por el momento, Juan Antonio Roca. El supuesto cerebro de la trama se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa. En los inicios de la vista oral, en septiembre de 2010, los rumores sobre un posible pacto de conformidad de Roca con la Fiscalía fueron insistentes. Sin embargo, según fuentes judiciales, este acuerdo se frustró por la negativa del fiscal a permitir que Roca conservara patrimonio alguno procedente de sus actividades supuestamente delictivas.

Ayer también se conoció la conformidad del empresario Carmelo Armenta, una de cuyas sociedades simuló comprar tres chalés a Roca en Mallorca.Armenta reconoció que firmó un contrato sabiendo que era simulado con el fin de justificar dos millones de euros que recibió Roca de Pérez Peña en el año 2006.

El tribunal, que rechazó la pretensión de los abogados defensores de separar en el cuarto bloque -dedicado al análisis de los cohechos- a los supuestos pagadores de los sobornos -los empresarios con intereses en Marbella- y a los supuestos perceptores -Roca y los concejales marbellíes-, hizo leer a la secretaria judicial los nuevos relatos de hechos tras las confesiones. En el banquillo, Marisol Yagüe, que el lunes negó haber recibido coche alguno de Pérez Peña, gesticulaba sin parar.

La sesión de ayer estuvo centrada casi de manera monográfica en las circunstancias en las que el empresario burgalés entregó a la exregidora los cuatro vehículos -un Lexus y un Toyota RAV4 matriculados a nombre de Yagüe; un Kia Sorento, inscrito por su pareja sentimental, y un BMW 120, que figuraba como propiedad de su hijo mayor-.

El primero en testificar fue el inspector del Cuerpo Nacional de Policía que dirigió la investigación del caso Malaya en sus inicios. Según su relato, en 2004, la regidora adjudicó a dedo a una sociedad de Pérez Peña el servicio de recogida de vehículos de la vía pública. A los dos días de esta adjudicación, fue matriculado el Lexus a nombre de Yagüe.

Poco después, Pérez Peña renunció al contrato y se convocó un nuevo concurso, que quedó desierto ya que el Ayuntamiento fijó unas tarifas de recogida de vehículos del año 1990. Tras declararse desierto, Yagüe recibió supuestamente el Kia Sorento. Según las escuchas telefónicas, Pérez Peña, Yagüe y Juan Antonio Roca maquinaron para que se convocara un nuevo concurso, al que solo se presentó el empresario, en el que las tarifas de recogida de vehículos eran mucho más ventajosas -98 euros por coche retirado-. En esa época Roca recibió los 180.100 euros en las cuentas de sus sociedades.