Un exdirectivo de Bancaja admite reuniones con Castedo pero "lícitas"
José Cortina, ex director adjunto de Bancaja, admitió ayer ante el juez que durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mantuvo reuniones con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, "aunque lícitas". El exejecutivo de Bancaja compareció ante magistrado que instruye la rama del Caso Brugal sobre el PGOU en calidad de imputado.
El fiscal atribuye a Cortina los supuestos delitos de uso privilegiado de información y tráfico de influencias. A la salida del juzgado, Cortina declinó hacer comentarios. Al ser preguntado por las acusaciones del ministerio público, el excargo de Bancaja dijo: "No voy a hacer declaraciones. Solo hay que mirar mi currículo". Su abogado, no obstante, ha presentado un escrito en el juzgado en el que rechaza el delito de información privilegiada, "porque el contenido de lo investigado no llegó a resultados concretos".
Fuentes judiciales del caso aseguraron que Cortina respondió a las preguntas del fiscal, salvo las relacionadas con las escuchas telefónicas. El exbanquero admitió esas reuniones con los dos regidores del PP y también que se entrevistó con los dueños de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil socialista Javier Gutiérrez. No obstante, Cortina, según esas fuentes, justificó esas reuniones en el marco de las gestiones habituales de la Bancaja y sus firmas participadas en el sector inmobiliario con intereses en el suelo de Alicante.
José Cortina, por último, admitió que mantuvo otra reunión en Valencia con la alcaldesa Castedo y el exedil Gutiérrez para hablar sobre el humedal de Agua Amarga. Igualmente, señaló que ese encuentro fue "lícito" y precisó que ese paraje ya estaba protegido desde 2202.
La policía y el fiscal Anticorrupción consideran a Cortina como "un cooperador necesario" en el supuesto amaño del PGOU en favor del empresario Ortiz. El acusador público mantiene que Cortina participó en operaciones de compra de suelo tanto en el humedal de Agua Amarga como en otros sectores urbanizables, donde tiene intereses Ortiz.
