Barberá echa a perder los 4,5 millones del San Pío V

El dinero ha volado. Las alertas rojas sonaban desde el pasado 30 de septiembre en el Ministerio de Cultura porque los 4,5 millones de euros presupuestados para acometer dos de las cinco obras previstas en la V Fase de ampliación y rehabilitación del Museo de Bellas Artes San Pío V estaban a punto de perderse si la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no firmaba una licencia de obras. Y así ha sido. Fuentes de Cultura confirmaron ayer que ante la imposibilidad de licitar la obra, el dinero se dirigirá a otro destino sin tantas reticencias municipales. Aunque también es posible que el Ministerio de Hacienda lo rebañe para ajustar el presupuesto antes de que acabe el año.

Finalmente, el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno, sustanciado en el malogrado proyecto municipal de ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hacia el mar en perjuicio de la trama urbana protegida del barrio del Cabanayal-Canyamelar, paralizado por la oposición del ministerio, ha liquidado el plan para culminar la última fase de reforma de la pinacoteca valenciana. Tras ocho años con el plan paralizado, Cultura había logrado presupuestar 4,5 de los 19,3 millones de euros necesarios para rehabilitar el museo por completo. Solo faltaba que Barberá diera el visto bueno a la licencia de obras, solicitada el 9 de marzo, hace ya siete meses.

Permuta de suelo

Pero el Ayuntamiento está enfrascado en una disputa con el ministerio referente a una permuta de terrenos que posibilita la reforma. Barberá se acoge a un convenio pactado con el Gobierno, en tiempos en que el ministro de Cultura era Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno el 20-N, en el que el Ayuntamiento cedía tres parcelas de 2.735 metros para el museo mientras que la Administración central ponía sobre el plano otros 2.055 metros para ampliar el jardín de Viveros. La permuta nunca se regularizó jurídicamente, lo que no impidió al Ejecutivo del PP acometer la IV Fase de ampliación del museo. Sin embargo, en tiempos de un Ejecutivo socialista, el Ayuntamiento sí que exige ese trámite y se niega a firmar la licencia. Y eso que los trabajos previstos con esos 4,5 millones afectan a la estructura actual del museo y no afectan a las parcelas objeto de la permuta.