Los ediles imputados de Ronda abonan las fianzas

Los exconcejales del Ayuntamiento de Ronda (Málaga) imputados en el caso Acinipo de corrupción urbanística ya han depositado las fianzas que les impuso la juez instructora, Judith Isabel Sáiz, para eludir su ingreso en prisión. El exalcalde rondeño Antonio Marín Lara, suspendido de militancia en el PSOE, constituyó su fianza, de 150.000 euros, mediante un aval hipotecario, lo que ha exigido la comprobación de una tasación del inmueble presentado como garantía. Es el mismo método que ha escogido el exconcejal de Seguridad y Contratación, Rafael Lara para constituir su fianza, fijada por la juez en 50.000 euros.

La tercera exconcejal que debía prestar una garantía para evitar la cárcel es la abogada y anterior responsable de Urbanismo, María José Martín de Haro. La juez Sáiz le impuso una caución de 80.000 euros, pero la política recurrió para solicitar una rebaja. Finalmente, tras consultar al fiscal, la juez redujo a 40.000 euros la fianza, y le dio un nuevo plazo de cinco días para presentarla.

Los tres exconcejales, que renunciaron a sus actas, están imputados por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias cometidos supuestamente durante su etapa de gobierno.

La relación de detenidos durante la Operación Acinipo, desarrollada el pasado 27 de octubre, se completa con el político socialista Francisco Cañestro, también dimitido, y tres empresarios vinculados con la construcción de un hipermercado Eroski en los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal. En el caso también se investiga la polémica urbanización de lujo de Los Merinos Norte.