La reforma de la ley de Cajas sale adelante sin el apoyo de la oposición

El Parlamento andaluz cumplió ayer con la obligación de adaptar la Ley de Cajas de Ahorro a los cambios introducidos en la ley estatal, cuando ya todas las entidades que había en la comunidad vuelan solas y el objetivo de un sistema financiero andaluz potente se ha quedado en un sueño que nunca será. La reforma salió adelante únicamente con los votos del PSOE, y el rechazo de PP e IU. Los populares creen que la norma es intervencionista, y los izquierdistas, que se les ha entregado las cajas a quienes han propiciado la crisis económica: "Banqueros y especuladores".

En este sentido, el portavoz de IU, José Manuel Mariscal, ironizó respecto a que la Cámara autonómica ha innovado al legislar sobre lo que ya no existe. La reforma abre la puerta a la privatización de estas entidades que pueden emitir cuotas con derecho a voto y ceder el negocio a un banco filial. De hecho, Unicaja, Cajasol y CajaGranada han derivado sus negocios a un banco y se han aliado con entidades de fuera de la comunidad. Ninguno de los planes de fusión para crear una gran caja andaluza ha prosperado.

La Junta aportará 70 millones a un fondo para empresas en crisis, pero viables

Con todo, el consejero de Economía, Antonio Ávila, subrayó que la nueva norma va a reforzar el sector financiero andaluz, ya que su finalidad es fortalecer a las entidades y que el flujo del crédito sea la característica. Ávila descató que la ley profesionaliza los órganos de gobierno de las cajas y facilita la capitalización, al acceder a recursos financieros en igualdad de condiciones que el resto de las entidades de crédito. Además, se reduce la representación pública a un 40% e incrementa en más del doble la participación de otras organizaciones, como empresarios, sindicatos, economía social y consumidores. También se fija la necesidad de que las cajas de ahorro foráneas, las que no tienen domicilio en Andalucía pero cuentan con oficinas en la comunidad, dediquen una parte de sus beneficios a la obra social, aunque su negocio lo realicen a través de bancos.

Una de las medidas más reseñadas es que se limita el salario de los directivos al que percibe el presidente de la Junta (68.981 euros anuales), establece la incompatibilidad entre sueldos y dietas, y se impide las indemnizaciones millonarias por el cese en el cargo, algo que estaba regulados desde 1999.

Según el consejero, si esta medida hubiera estado vigente en otras comunidades no se habría producido casos tan polémicos como los de las cajas de Galicia o Valencia. La primera aún no ha adaptado su ley a la normativa básica estatal, y no establece límites en las retribuciones ni prohíbe las indemnizaciones por cese. La segunda sí ha modificado su legislación, prevé la posibilidad de que perciba un salario el presidente del consejo de administración, pero no el resto de los miembros. Respecto a las indemnizaciones por cese, están contempladas. Para el caso del director general, es necesaria la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas.

Andalucía es la comunidad con una legislación más restrictiva de todas en esta materia. De las tres comunidades que prohíben las indemnizaciones por razón de cese (también La Rioja y Cantabria), es la única que las impide a todos los miembros de los órganos de gobierno, el director general y altos directivos

Ávila respaldó la propuesta de la Comisión Europea sobre el reparto de bonos en función de los rendimientos y anunció que la Junta aportará 70 millones de euros para crear un fondo de reestructuración de empresas que son viables y tienen necesidades transitorias de tesorería, una medida que recoge la ley.