Un juez de Vigilancia Penitenciaria, condenado por conducir borracho

El titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Pontevedra, Fidel del Río, ha sido condenado a pagar una multa de seis euros al día durante seis meses y a otros diez de retirada de carné por conducir borracho. La sentencia de conformidad -un acuerdo entre la fiscalía y la defensa del denunciado, dado que este admite lo sucedido- salió de un juicio rápido en Santiago este lunes y, explican fuentes judiciales, se basa en el artículo 379.2 del Código Penal. Según esta norma, será sancionado quien "condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas". "En todo caso", continúa el Código Penal, "será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro". Las penas que prevé el ordenamiento legal consisten en prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y la retirada del permiso de circulación entre uno y cuatro años.

Según testigos, el hombre al volante no era capaz de encender el coche

Los hechos por los que Del Río ha sido sometido a juicio acontecieron el pasado sábado. Según testigos del centenar de personas que se congregaron en el lugar, un automóvil de alta gama, de la marca Mercedes y con la parte delantera abollada, se detuvo sobre las cinco y media de la tarde en una rotonda en Bertamiráns (Ames). Inmediatamente apareció la Guardia Civil de Tráfico, que, junto a varios viandantes, comprobaron que el conductor del coche, el juez Fidel del Río, se encontraba aparentemente dormido. Los mismos testigos, que ayudaron a empujar el vehículo fuera de la calzada en medio de un gran atasco, aseguran que el hombre al volante no era capaz de encender el coche ni de maniobrar. Tampoco permitía que lo hicieran por él los agentes de la Guardia Civil.

No se trata de la primera vez que Fidel del Río salta a las páginas de los periódicos. A finales de 2005, la organización feminista Alecrín denunció que el juez había concedido permisos a ocho maltratadores recluidos en la prisión de A Lama, pese a que la Junta de Tratamiento de la cárcel había informado negativamente sobre ellos, condenados por pegar y abusar sexualmente de sus parejas o de menores. Dos años después, la huida de cuatro narcotraficantes franceses del mismo clan y encarcelados por un alijo de 124 kilos de cocaína en Nigrán volvió a desatar la polémica. Los narcos escaparon después de obtener permisos escalonados otorgados por Fidel del Río.