Una asamblea controlada por Barberá

La Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, SA (Emarsa), la entidad pública dedicada a sanear el agua del área metropolitana de Valencia, es propiedad, al cien por cien, de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). Esta se encarga de la adquisición del agua en alta y de su distribución hasta los Ayuntamientos. La asamblea de la Emshi, en la que están representados 51 Ayuntamientos del área metropolitana, la controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP. La asamblea de la Emshi cuenta con un total de 179 votos, de los que el 77% corresponden a representantes del PP (fundamentalmente del Ayuntamiento de la capital, que, con sus 81 votos, representa un 45% del poder de decisión en la entidad). Mientras, los socialistas cuentan con 34 votos (19%).

De esta manera, cualquier decisión que afecte a la Emshi y a Emarsa -empezando por los nombramientos de sus directivos- tiene que contar con el visto bueno de la alcaldesa de Valencia, que desde que salió a la luz el escándalo ha tratado de no salir en la foto.

El consejo de administración de Emarsa, empresa responsable de la depuradora de Pinedo, que se encarga del tratamiento de las aguas residuales de 18 localidades, está integrado por 13 representantes del PP, cuatro del PSPV-PSOE y uno de Esquerra Unida.

Cuando saltaron a la luz las primeras sospechas de irregularidades en Emarsa, Enrique Crespo, alcalde popular de Manises y presidente de las dos sociedades públicas, optó por disolver Emarsa debido a su mala situación económica. La disolución dejó un agujero de 17 millones de euros. Ahora está en fase de liquidación y su activo ha sido traspasado a la depuradora.

Los socialistas llevaron la gestión de Emarsa a la fiscalía. Entre otras cosas por haber violado los "principios de publicidad y competencia" en la contratación. La investigación reveló que la sociedad había pagado decenas de millones de euros por servicios y trabajos que nunca se realizaron.

El juez ha imputado a tres dirigentes de Emarsa y seis empresarios por malversación y estafa. Esas seis empresas facturaron a Emarsa por valor de 30 millones de euros.