El Gobierno fuerza a la banca a asumir el coste del rescate a las cajas de ahorros

Ni los contribuyentes van a pagar el rescate de las cajas de ahorro ni la inyección de dinero público en el sector financiero va a hinchar el déficit. Con este principio rector, la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que el Fondo de Garantía de Depósitos asumirá las posibles pérdidas ligadas al rescate de entidades que han recibido ayudas públicas. El Gobierno quiere que el dinero provenga del propio sector financiero, pero con el matiz de que el gran pagador será una de las patas del sector -principalmente los bancos, aunque también las cajas saneadas-, y la otra pata -las cajas con problemas- será la que reciba el dinero.

Salgado compareció para explicar cómo va a conseguir sus objetivos. El Gobierno aprobará un real decreto por el que los tres fondos de garantía existentes (de bancos, cajas y cooperativas de crédito) se unifican, convirtiéndose en una bolsa común. La vicepresidenta argumenta que esta distinción ha dejado de tener sentido, ya que la reestructuración del sector ha propiciado que el 98% del volumen financiero que mueven las cajas se gestione a través de bancos.

Los bancos se quejan de tener que pagar los errores ajenos

"La medida se parece a una tasa financiera", dice un analista de AFI

El colchón creado hace tres décadas para asegurar los depósitos de los clientes amplía ahora su espectro: sigue garantizando los depósitos hasta un techo de 100.000 euros, pero además respaldará las pérdidas de las entidades intervenidas. Así, este instrumento se convierte en una garantía para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha inyectado 7.551 millones de dinero de los contribuyentes en las cajas para que cumplan con los nuevos requisitos de capital. El Banco de España ya recurrió al Fondo de Garantía para evitar la quiebra de Caja Castilla La Mancha en marzo de 2009.

En el momento en el que ese dinero se compute como pérdidas, es cuando entrará en acción el Fondo de Garantías. En el caso de la CAM, los 2.800 millones inyectados ya se dan por perdidos, como dijo el propio gobernador del Banco de España. Tan solo esta entidad ya absorbe un 42% del capital disponible. Con esta reforma, el Estado se libra de computar como déficit el dinero inyectado, lo que habría hecho aún más difícil cerrar el año con unos números rojos del 6% del PIB.

Salgado reiteró que este es un objetivo "irrenunciable". Y cuando le preguntaron si el Gobierno iba a verse obligado a adoptar otras decisiones para ejecutar la consolidación fiscal comprometida con Bruselas, respondió que en cierta medida recurrir al Fondo de Garantía para pagar los rescates ya es "una medida adicional". También negó la necesidad de más recortes.

La dotación de los tres fondos de garantía que existen ahora asciende a 6.593 millones de euros, de los que más de la mitad corresponde a la parte de los bancos. Este capital no es dinero contante y sonante, pero se puede movilizar en caso de necesidad. La vicepresidenta fue rotunda a la hora de negar que la ampliación de usos del fondo de garantía deba intranquilizar a los ahorradores, que ahora se encuentran con que el colchón ya no sirve solo para asegurar su dinero. Además de insistir en que el Estado sigue garantizando los 100.000 euros por cliente y entidad, Salgado señaló que ni bancos ni cajas aportan ahora el máximo estipulado para el fondo, que asciende al dos por mil de los depósitos de cada entidad. "Los ahorradores no tienen por qué preocuparse. De forma implícita, si no hubiera garantías suficientes, el Estado pondría más", señala el catedrático Santiago Carbó, que sí encuentra inquietante el hecho de que el Gobierno cambie las reglas de juego a mitad de partido. "Algo chirría. La decisión indica que no hay financiación en los mercados para España", añade.

Con este paso, el Gobierno da por finalizada la reestructuración del sistema financiero. Sobre la posibilidad de que la UE acuerde una segunda ola de recapitalización de la banca -como apuntó el miércoles la canciller alemana, Angela Merkel-, Salgado respondió que España ya ha hecho sus deberes. "Acabamos de recapitalizar nuestras entidades con unas ratios muy superiores a los que obliga la normativa", agregó.

Entre los bancos la medida del Gobierno cayó como un jarro de agua fría. No solo porque el sector no haya sido consultado previamente, sino porque temen que pueda suponer una subida de las cuotas actuales. Los bancos pagan un 0,6 por mil de los depósitos mientras que las cajas abonan un uno por mil. La Asociación Española de Banca emitió ayer una nota en la que si bien admitía la "lógica" de unir los tres fondos en unos solo, ponía una importante pega. "Los Fondos de Bancos y Cooperativas tienen acumulado un importante patrimonio (3.875 millones de euros) que ahora parece querer destinarse a cubrir ayudas en el sector de Cajas de Ahorros". Esta frase es la advertencia pública al Gobierno para intentar evitar que se ponga a todos la misma tarifa. Salgado mencionó ayer el tope del dos por mil, que, en caso de alcanzarse, supondría más que triplicar las aportaciones que hoy hacen los bancos. La noticia, en un momento de caída libre de los ingresos, se convierte en una losa para el sector.

Además, hay otro motivo de enfado. Los bancos recuerdan que las crisis anteriores, en los años ochenta y noventa, cuando hubo que rescatar bancos las cajas no aportaron nada. Incluso alardearon de la salud de su fondo y pudieron rebajar sus tarifas mientras que los bancos las incrementaban. "La medida tiene un tinte populista: que paguen los banqueros, que son los culpables de la crisis; muy propio de un periodo preelectoral", protesta el ejecutivo de un banco que pide el anonimato. "En el fondo, lo que ha anunciado el Gobierno se parece mucho al impuesto sobre transacciones financieras que quiere implantar la Comisión Europea. Es una forma, que me parece lógica, de que el sector financiero, da igual que sean cajas o bancos, paguen las pérdidas", responde Alfonso García-Mora, socio director de AFI.