El principal imputado del 'caso Troya' niega los sobornos

El juicio del caso Troya contra la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga, 22.000 habitantes) continuó ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga con la declaración del máximo imputado, el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP). El edil siguió la senda de su compañero de partido y alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, también procesado, y negó al tribunal haber recibido dinero de empresarios "ni de nadie" a cambio de licencias urbanísticas.

Sin embargo, Guerra eludió responder sobre anotaciones que, según el fiscal, le incriminan en el cobro de comisiones ilegales a cambio de otorgar licencias de obra contrarias al planeamiento urbanístico. "Son muchas las anotaciones que uno tiene en su despacho o en su ordenador y no voy a entrar en detalles de ninguna anotación en concreto", respondió al representante del Ministerio Público, Juan Calvo-Rubio.

El fiscal le mostró diversos documentos con anotaciones para que las reconociera. El edil aseguró que tiene "miles" de estas anotaciones y cuando el presidente del tribunal le preguntó si reconocía su letra, dijo no recordar el apunte, ni reconocerlo como suyo.

Guerra, considerado cerebro de la trama, se enfrenta a una petición fiscal de siete años y medio de prisión por cohecho y delito continuado contra la ordenación del territorio. Las anotaciones de las que no quiso hablar, unidas a los archivos informáticos intervenidos por la Policía en su despacho, han servido para que se le atribuya el cobro de 304.545 euros en sobornos por la concesión de 14 licencias de obra. Según la Fiscalía, Guerra había fijado una especie de tasa sobre los aumentos ilegales de edificabilidad. Cada metro cuadrado construido de más se cobraba supuestamente a 80 euros y cada vivienda levantada en exceso a 6000.

Durante su declaración de ayer, también negó unas conversaciones telefónicas sobre dinero con un empresario y aseguró que sus gastos y los de su esposa no corresponden con el "tren de vida" descrito por los investigadores.

El fiscal se extrañó por el hecho de que algunos meses, como enero de 2005, el edil de Urbanismo únicamente cargara en sus cuentas bancarias 64 euros, un dato que Guerra tampoco explicó si realmente coincide con la realidad.

El concejal, con firma delegada en Urbanismo desde 2001, explicó el procedimiento que seguían para la concesión de licencias: Si todo era correcto, se redactaba un decreto que él firmaba como responsable del área. "Se sabía que era correcta porque en el propio decreto se dice que se da de acuerdo", especificó.

El fiscal le mostró varios expedientes con anotaciones como "cumplimiento no" y sobre los que se emitieron informes favorables. Guerra lo justificó diciendo que podría haber un error. "Si una persona que redacta un decreto se equivoca, se ha equivocado", dijo.

En esta causa, por la que se sientan en el banquillo 20 acusados, también declaró como implicado el asesor jurídico Juan Burgos. El funcionario negó haber recibido directriz alguna para realizar su trabajo. Habló de algunos casos en los que hubo discrepancias entre informes técnicos y jurídicos y se mostró de acuerdo en que se podrían mejorar.