El ADN demuestra que el 8,6% de lo que se vende como merluza no es tal

Merluza sudamericana, chilena, merluza negra. Pero también panga o granadero. El 8,6% del pescado que se comercializa en España como merluza europea -más conocida como merluza del Cantábrico- no lo es. Subespecies más baratas -pueden llegar a costar la mitad- y de menor calidad, o incluso otros peces que nada tienen que ver con la merluza, son comercializados como si lo fueran. Es lo que concluye una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que ha analizado el ADN de 150 ejemplares de distintos lotes comprados en la Comunidad de Madrid. La muestra, estudiada en los laboratorios de la Universidad de Oviedo, se limita a Madrid porque es el segundo mercado de pescado del mundo. Las autoridades nacionales creen que el error no es un problema de salud pública. Hablan de "fraude comercial" y "fallos en el etiquetado".

Medio Rural y Marino y Consumo no ven problemas de salud pública

Cepesca dice que la investigación es "interesada" y que no hay engaño

Errores que han llevado a El Corte Inglés a retirar y destruir un lote de 1,4 toneladas de pescado congelado de su marca Aliada etiquetado como merluza argentina cuando en realidad era otro pez comúnmente llamado merluza de cola pero que ni siquiera es de la misma especie. Un pescado de menor calidad. También mucho más barato, según los expertos de la Universidad de Oviedo.

Los grandes almacenes, que confirmaron con sus propios análisis los resultados del ICIJ, sostienen que el error procede del fabricante y se debe a que ambos pescados se capturan en la misma zona de pesca, la Fao 41, en el Atlántico Sur.

La investigación, firmada por Mar Cabra, Marcos García Rey y Kate Willson, detectó errores como este -o más graves, que vendían como merluza otro pez-, tanto en pescados frescos como en congelados vendidos en supermercados como Alcampo, Carrefour o Eroski. También en pescaderías más pequeñas, como El Bierzo. En esta tienda del mercado de Los Mostenses, en el centro de Madrid, se encontró uno de los casos más claros: panga (un pescado muy barato capturado en Vietnam sospechoso en ocasiones de contaminación) que se vendía como merluza. Un suceso "aislado", según el gerente de la pescadería, que sostiene que puede deberse a que un ejemplar de panga "saltase a la zona que alberga las merluzas".

Los supermercados se escudan en un error humano y puntual. Afirman que siguen estrictos controles de calidad para certificar los productos que venden. No obstante, en los congeladores de Alcampo se detectaron dos lotes de producto mal etiquetados provenientes del exportador Freiremar. Uno de ellos identificaba como merluza lo que realmente era granadero, un pescado poco consumido en España y de menor valor. Un error que Freiremar, según recoge la investigación de ICIJ, aún no se explica. El exportador solicitó a Alcampo la retirada del lote implicado "por precaución" y para realizar sus propias pruebas. El pescado, sin embargo, ya se había vendido. Una portavoz de estos supermercados, que expone que ha pedido explicaciones a Freiremar, asegura que el pescado del mismo tipo proveniente del exportador -57 kilos- fue retirado y se está analizando.

La legislación europea obliga a que todo lo que se vende en la UE esté identificado desde su captura hasta su venta. Son las autoridades de los países quienes verifican si lo que se vende es realmente lo etiquetado. Una portavoz del Ministerio de Medio Rural y Marino asegura que las competencias de inspección, tanto en puertos como en los lugares de venta, es de las autonomías. Cree, además, que el informe de ICIJ no arroja "conclusiones representativas". "Es una muestra pequeña recogida solo en Madrid", dice.

Un argumento que repite el Ministerio de Sanidad y Consumo. En cualquier caso, "no es un asunto que sugiera problemas de salud alimentaria, sino de etiquetado", sostiene un portavoz del ministerio que dirige Leire Pajín, que habla de que lo ocurrido es más bien un "fraude comercial". Opinión que comparte Medio Rural y Marino.

La investigación del ICIJ, sin embargo, ratifica las conclusiones de otras. Como la realizada por investigadores griegos y españoles que en marzo reflejaban un problema incluso mayor: un 40% de la merluza que se vende en España está mal etiquetada. Este estudio no halló otros pescados, solo subespecies de menor valor.

En 2010, las autoridades de Madrid realizaron 59 análisis de verificación de especie. De ellos, 22 los hizo Ayuntamiento. Un número que José Manuel Torrecilla, gerente de Madrid Salud, reconoce escaso. "Estamos iniciando esta actividad porque no es una prioridad de salud pública. Lo primero es garantizar que el pescado que se vende es seguro", dice Torrecilla, que insiste en que lo que ocurre no es un problema de salud pública, sino de fraude.

La cadena desde que se pesca el ejemplar hasta el plato es extensa. Por eso, los expertos ven difícil identificar una sola causa para el fraude. Stefano Mariani, biólogo marino de la Universidad de Dublín, apunta a las cuotas que los pescadores deben cumplir como una de ellas. Pero hay más, el de la merluza es un mercado jugoso. En España -que importa el 60% de este producto que llega a la UE- sus ventas mueven casi 1.200 millones de euros al año. El negocio es amplio: hay 12 tipos de merluza, y algunas como la sudafricana son muy baratas. Otras, como la europea, se pagan caras.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), que agrupa a empresas pesqueras, armadores y trabajadores del sector, critica la investigación de ICIJ. Aseguran que la organización tiene intereses "ambientalistas" y que la muestra no es representativa. No obstante, sostienen que en cualquier caso no puede hablarse de fraude comercial porque la legislación española no obliga a que el etiquetado especifique el nombre científico del pescado. "Solo la denominación comercial, así que tanto la merluza merluccius [la europea] como la hubbsi [la sudamericana] son merluza", esgrime una portavoz. Esta organización se muestra partidaria de que el nombre científico se muestre en el producto. También de que los análisis de ADN se extiendan como método de control. El Ayuntamiento de Madrid asegura que este año duplicará estas pruebas, que no son obligatorias. El Corte Inglés las ha incluido en su protocolo tras lo ocurrido.