Los tribunales decidirán si A Illa debe recortar un 70% el suelo urbanizable

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de A Illa de Arousa y de un grupo de vecinos que de forma individual se han opuesto al decreto de la Consellería de Medio Ambiente sobre el Plan de Ordenación do Litoral (POL).

Para emitir su dictamen, el tribunal ha solicitado a la Xunta toda la documentación que hace referencia a las restricciones urbanísticas impuestas en la normativa autonómica, sobre todo en el norte del archipiélago, donde se concentra mayor población. Unas prohibiciones que además son interpretadas por el gobierno municipal como una vulneración de unos derechos adquiridos por los vecinos y una invasión de sus competencias en un territorio ya protegido por sus características singulares como espacio natural.

"Intentamos llegar a una solución mediante el diálogo con la Xunta pero no hubo éxito en la fase de alegaciones porque todas fueron desestimadas por eso apelamos a los tribunales como último recurso", indicó el regidor socialista, Manuel Vázquez.

Saturado de asuntos, la Sala de lo Contencioso ha tardado seis meses en contestar a la reclamación del Ayuntamiento y vecinos y su veredicto podría retrasarse años. El gobierno local ya recurrió en 2001 el deslinde de Costas y un tribunal de la Audiencia Nacional le acabó dando la razón en 2007. "También este será un proceso lento pero agotaremos todas las vías legales", apuntó Vázquez.

El recurso al POL es atípico no solo por tratarse del único municipio insular de Galicia sino porque todos los grupos municipales (PSOE, PP y BNG) se manifestaron en contra del decreto de la Xunta y avalaron el Plan de Ordenación Municipal que ya en 2002 recortó la expansión del ladrillo. Unas previsiones que la Xunta disminuye en un 70%, además de relegar las competencias del gobierno local al convertirse en el órgano competente para la concesión de licencias. El Ayuntamiento se opone a que "el urbanismo del municipio sea una decisión discrecional del conselleiro de turno".

Ahora serán los jueces los que decidan si las normas autonómicas vulneran los derechos de muchos vecinos que están pagando como suelo urbano lo que el POL califica como rústico. El territorio que no esté afectado por la recalificación se incorporará a un fichero de la Xunta y en los que no podrá decidir el Ayuntamiento.

El recurso paraliza los efectos del Plan de Litoral en A Illa y mientras el tribunal no se pronuncie serán las normas municipales las que regulen la construcción. De las 108 hectáreas que el Ayuntamiento contempla en sus planes de crecimiento, la normativa autonómica solo deja 32 abiertas a futuras licencias y en zonas que ya están urbanizadas. Con 5.020 habitantes, A Illa es uno de los pocos ayuntamientos que registran un crecimiento vegetativo positivo y una población que casi se triplica en verano.