El Tribunal de Cuentas investiga las ayudas de Blasco a una fundación
La entidad compró dos pisos tras recibir 1,6 millones para cooperación
El Tribunal de Cuentas investiga dos subvenciones de 833.000 euros cada una otorgadas por la antigua Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en 2008. Al disponer de ese dinero la entidad compró dos entresuelos con garaje en Valencia, que actualmente son su sede social, aunque la Generalitat reclamó, a la hora de aprobar los pagos, que justificara los gastos con otro tipo de facturas relativas al motivo de las ayudas, centrado en la cooperación al desarrollo en el municipio nicaragüense de Totogalpa. La vía de la responsabilidad contable queda, así, abierta.
El caso, que levantó una fuerte polémica, fue denunciado por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que se ha personado como acusación en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos, ante el cual la Generalitat está en la fase de presentar alegaciones. El departamento tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramita las diligencias preliminares desde que recibió traslado por parte del presidente del organismo del informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes. Un informe en el que se contrastaba que en el proyecto aprobado se incluía la compra de dos pisos y su reforma, que la consejería no pidió la devolución del dinero aunque rechazó finalmente los justificantes, pero no acreditó debidamente las facturas con las que se acabó justificando el cobro de las ayudas. El informe incluía un voto particular de uno de los tres miembros de la Sindicatura que apreciaba responsabilidades contables.
La diputada socialista Clara Tirado ejerce la acción pública
Blasco, que mantuvo desde el principio que no se habían producido irregularidades y llegó a anunciar que dimitiría si se demostraba que habían existido, fue quien propició que se solicitara a la Sindicatura el informe que ha dado pie a la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas. Las diligencias se abrieron en mayo y el pasado 22 de junio el tribunal notificó a Clara Tirado la concesión de "un plazo de diez días para que manifieste si se constituye en parte, en las presentes diligencias, en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debiendo concretar las personas contra las que dirige la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana". Al mismo tiempo, se ordenaba trasladar la documentación al ministerio fiscal, al abogado del Estado y a la representación legal de los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana.
La diputada socialista se personó como acusación pública el 22 de junio para "exigir responsabilidad contable contra la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, su consejero Rafael Blasco Castany, Josep Maria Felip i Sardà, director general de Inmigración, y cuantos cargos directivos de la citada consejería hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable". Y también contra "el administrador o administradores de la Fundación Cyes por los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana", que evaluaba en 1,6 millones de euros, correspondientes a la suma de las dos subvenciones "cuya justificación no cumple la legislación vigente".
Además de la investigación abierta por supuesto delito económico, las subvenciones a la Fundación Cyes, -cuyo presidente, Marcial López, fue condenado por apropiación indebida de 244.000 euros cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, a finales de los años noventa-, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En su día, la diputada Clara Tirado puso la documentación de la que disponía sobre irregularidades en las subvenciones de cooperación en conocimiento del fiscal especial. Lo mismo hizo la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà con información sobre una supuesta trama de captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Hemisferio (llamada entonces Fundación Entrepueblos). El plazo del que dispone el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, para decidir si promueve la apertura de una investigación judicial por la vía penal se cumple este mes.
